SEÑALES EQUIVOCADAS

La creciente toma ilegal de terrenos, públicos y privados, amenaza al país y de sobre manera a la región de Tarapacá. En apenas dos años, entre 2019 y 2021, la cantidad de campamentos en la región aumentó 55% al pasar de 40 a 62. Hoy, cerca de 10.000 familias viven en esa irregularidad.

Ante esta realidad, vemos con preocupación el reciente fallo de la Corte Suprema en torno a la toma de un terreno privado, donde, en respuesta a un requerimiento de los afectados ante Tribunales, la Corte determinó que eran los propios afectados quienes debían “coordinarse” con instituciones del Estado para, otorgar una solución a los ocupantes ilegales, supeditando el restablecimiento de los derechos del propietario, al cumplimiento de esta condición.

La Suprema Corte hace parte al afectado de una responsabilidad del Estado, consolidando de paso una ilegalidad, bajo pretexto de resguardar los derechos de unos, pero postergando los de otros.

Si el máximo Tribunal quería hacer un llamado a la autoridad a solucionar la necesidad de las familias, debía hacerlo sin postergar la resolución de la ocupación ilegal reclamada, cumpliendo así la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada también en tratados internacionales suscritos por Chile.

Por el contrario, con su fallo deja peligrosamente abierta la visión de que, si las vías institucionales que ofrecen las políticas de vivienda no son efectivas, entonces el acto ilegal de toma de terrenos, no será desvirtuado, ni restablecido el derecho de sus propietarios.

Creemos legítimo que las familias que, necesitando un hogar donde vivir no pueden proporcionárselo por sí mismos, recurran a la acción del Estado para acceder a una solución habitacional efectiva y oportuna. Pero ello, no puede hacerse a costa de la vulneración o postergación de los derechos de otros, mucho menos si ello proviene de un fallo de nuestras instituciones encargadas de impartir Justicia.