La crisis de seguridad ciudadana afecta el alma de la comunidad

Por Gabriel Benavente, presidente CChC Valparaíso

Como gremio y como organización preocupada del bienestar de las personas, nos ha conmovido profundamente el asesinato de la sargento Rita Olivares y otros recientes hechos de sangre de alta connotación pública, que han afectado a nuestros vecinos.

En la Región de Valparaíso hoy estamos viviendo una crisis de seguridad ciudadana en nuestras ciudades, la que está afectando todas las actividades productivas y generando un clima de inseguridad extendido, que además está dañando el alma de la comunidad regional y afectando seriamente nuestra calidad de vida.

La delincuencia desatada, que actúa cobarde e impunemente amparada en los problemas de la persecución penal, en la falta de diligencia de aparatos del Estado y en organismos de seguridad sobrepasados en sus funciones, está atentando contra el aparato productivo, la confianza, la moral y toda la actividad regional.

Es por ello que, como gremio empresarial socialmente responsable, y especialmente como chilenos y chilenas de trabajo y esfuerzo, en nombre de los miles de personas y familias que representamos -trabajadores, empresarios de todos los tamaños, proveedores y profesionales-, entendemos como un deber moral condenar categóricamente la violencia y la impunidad con que actúan grupos de delincuentes en nuestra región. Y todo tipo de acciones de fuerza que atenten contra el Estado de Derecho, la convivencia democrática y el normal desenvolvimiento de las actividades privadas.

Desde esta perspectiva, nadie puede permanecer indiferente y restarse a este repudio y a los esfuerzos regionales por recuperar la seguridad. Por ello, lamentamos la aparente falta de acción de organismos responsables de la seguridad pública, así como la falta de voluntad política de algunos actores políticos para afrontar la crisis y buscar los consensos necesarios para encontrar soluciones.

Lo decimos con fuerza: la delincuencia se ha apoderado de nuestras ciudades y las fuerzas de orden no tienen como detenerla, pues se han quedado sin herramientas y sin el respaldo político necesario. Y por eso exigimos que el Estado asuma su deber de garantizar la seguridad, el orden público y los derechos de los ciudadanos, de acuerdo al contrato social que hemos realizado y por el cual renunciamos a la autotutela.

Por lo mismo, demandamos al gobierno enfrentarla con fuerza y decisión, empoderando y respaldando a Carabineros y la PDI, para que, actuando dentro de la ley y respetando siempre los DDHH, reprima la delincuencia y el vandalismo.

En este escenario también debemos reclamar una acción más responsable y enérgica de parte de los demás poderes del Estado. En especial del Poder Judicial, para que, junto con garantizar los derechos de los delincuentes, tenga mayor empatía hacia las víctimas.

Y particularmente del Ministerio Público, para realizar la necesaria defensa de las y los chilenos, y de nuestro país. En este esfuerzo, contarán con el apoyo de toda la comunidad nacional.