Modificación al IVA a la construcción: El efecto no deseado

Helen Martin | Presidenta CChC Concepción

Hemos conocido esta semana la intención del Gobierno de realizar una mejora a las pensiones básicas de los chilenos, a través del proyecto de la llamada “Ley corta de pensiones”, que ingresó a la Cámara de Diputados con discusión inmediata.

El costo de este proyecto sería cercano a los US$ 1.100 millones en régimen, es decir un 0,33% del PIB de la economía, de acuerdo a lo declarado por el Ejecutivo. También es de público conocimiento que las fuentes de financiamiento se harán por medio de la reducción o eliminación de cinco exenciones tributarias. Entre ellas, el crédito de IVA a empresas constructoras.

La principal razón del Gobierno para escoger estas exenciones y no otras es que permiten recaudar y, al mismo tiempo, afectar lo menos posible el proceso de reactivación, según lo manifestado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo anterior, con una economía que presenta un importante déficit fiscal, producto de la crisis generada por la pandemia.

Como gremio, concordamos que puede ser una medida para fortalecer el sistema de pensiones. Sin embargo, nos parece que el contexto en general debería incluirse en un proyecto de reforma mucho más amplio y que cuente con una discusión sin las presiones ni la premura del debate actual.

Pero, sobre todo, creemos que la propuesta de reducción o eliminación del impuesto debe considerar los impactos que tendrá en la política habitacional, ya que se generará un efecto no deseado: la afectación de una de las principales demandas que manifiestan sectores emergentes y medios del país, como es el costo y acceso a la vivienda.

Nuestra posición es que, si se insiste en eliminar el crédito especial a la construcción de viviendas, se implemente al mismo tiempo un mecanismo de compensación o algún tipo de subsidio directo a las personas por la pérdida de este importante beneficio. De hecho, estimamos que cada año, 9 de cada 10 familias que compran una vivienda lo hacen con esta ayuda.

Esta posibilidad incluso ha sido sugerida por la OCDE y diversos economistas nacionales cuando fueron estudiadas las exenciones tributarias vigentes en el país.

La exención al crédito especial a la construcción fue establecida en 1975, con el propósito de evitar que la incorporación del IVA en la actividad produjera un aumento en el precio de las viviendas. Es un beneficio para las personas que adquieren una casa y no para las empresas constructoras. Lo reciben los compradores con costo de construcción hasta 2 mil UF y no es un beneficio que reciben directamente las empresas.

En este contexto, cada año casi 70 mil familias, especialmente vulnerables y emergentes, logran acceder a una vivienda con el apoyo de tres instrumentos estatales: subsidios habitacionales, exención del pago de IVA por la compraventa de una vivienda, y crédito especial a la construcción. Otros, 50 mil grupos familiares, mayoritariamente de clase media, tienen como único respaldo el crédito especial.

Aún más preocupante es el panorama de déficit habitacional y la verdadera “crisis de acceso a la vivienda” por la que atravesamos como país y que tiene a más de 81 mil familias viviendo en campamentos, en condición de hacinamiento o allegadas.

En consecuencia, creemos que lo fundamental es no debilitar una política de apoyo a esos cientos de hogares, sino por el contrario, llamamos a fortalecerla.

No cabe duda que mejorar el sistema de pensiones es muy necesario, pero no puede hacerse a costa de dificultar aún más el acceso a la vivienda, el déficit habitacional en Chile también es un desafío urgente.