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Materiales al alza

26 / 08 / 22

Atravesamos un momento complejo en materia económica. El aumento inflacionario en nuestro país y el mundo ha generado que los costos de producción suban paulatinamente impactando directamente en los bolsillos de las personas. Lo mismo está pasando en la industria de la construcción a raíz del alza de los materiales utilizados, a causa de quiebres de stock a nivel mundial, estrechez en la cadena logística, puntualmente marítima, poniendo en riesgo la ejecución de futuros proyectos de infraestructura.

Esto ocurre porque los contratos con organismos públicos no pueden ser reajustados por la autoridad bajo la normativa actual, debiendo las empresas absorber el alza de costos y llevándolas en muchos casos a la insolvencia e irremediable quiebra. Esta situación afecta a obras encomendadas por el MOP, Minvu, Ministerio de Educación, Salud, Municipalidad y Gobierno Regional. Esto ha impactado a más de 50 empresas constructoras a lo largo del país, de las cuales el 80% son totalmente regionales.

El escenario es complejo considerando la importancia que tiene el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura pública en el área de salud, educación, vivienda, que en definitiva aportan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los últimos 12 meses los precios de los materiales de construcción han aumentado aproximadamente 30%, lo que como consecuencia ha puesto en peligro la continuidad de 370 obras de infraestructura pública, la mayoría de las cuales están a cargo de empresas medianas y pequeñas de regiones, incluyendo obras de gran impacto para las comunidades locales.

Para evitar que esta situación genere la paralización de proyectos tanto de vivienda como de infraestructura pública, resulta necesario un diálogo abierto con las autoridades. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, es necesario hacer extensivo a todos los proyectos el reajuste polinómico y revisar caso a caso para encontrar soluciones. Ejemplo de esto es la paralización de los trabajos de mejoramiento del Teatro Pedro de la Barra, mismo destino que corrió la construcción del nuevo cuartel de la PDI en Tocopilla.

Preocupa también el alza del dólar que, pese a la intervención del Banco Central en julio, sigue subiendo a un ritmo acelerado. Según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central, el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 5,4% en el segundo trimestre, siendo una cifra menor a la esperada por expertos, y que entrega señales de estancamiento de cara al segundo semestre. Otro dato de la entidad estima que, por cada 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura, se crean 40 mil empleos anuales. Por lo tanto, una caída entre 10% y 20% en infraestructura podría implicar la pérdida de hasta 63 mil puestos de trabajo directos e indirectos.

De acuerdo al Observatorio Laboral, solo en la región nuestro rubro genera empleo para más de 24 mil personas actualmente. Dicho esto, es que enfatizamos en la necesidad de abordar el aumento de costos en la actividad de la construcción con urgencia, especialmente la situación de los contratos con el Estado vigentes. Al ser una circunstancia excepcional y única, creemos que requiere de una medida igual de única y excepcional recurriendo a una vía legal. Casos similares existen en España, Italia, Francia, Grecia, Irlanda, Inglaterra y Alemania. Confiamos en que una idea de este tipo pueda ser considerada como forma de evitar la pérdida de empleos, capacidad productiva y de ejecutar el presupuesto de las distintas entidades estatales involucradas. También como una forma de evitar generar una limitación adicional a la capacidad de recuperación de nuestra economía en el corto plazo.

Marcela Torres Moraga

Presidenta Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta