Ley de Usurpaciones

Por Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción

Enfrentamos una crisis humanitaria de enormes proporciones. Las cifras más conservadoras hablan de 640.000 familias que no contarían con una vivienda adecuada para vivir y, en cambio, (sobre)viven en carpas, hacinadas en piezas que arriendan, allegadas en casas de otras familias o en campamentos, casi siempre sin equipamientos ni servicios básicos.

En marzo de 2021, Techo Chile estimó que en el país había 81.600 familias viviendo en campamentos; dos años más tarde esa cifra llegó a casi 114.000 hogares. Esto significa que cada día 44 familias se radican en algún asentamiento precario ¡44 familias al día!

Nuestra estimación es que hoy el déficit habitacional afectaría a cerca de un millón de familias

Para responder a esta demanda social nuestro país cuenta con una Política Habitacional que, aunque requiere mejoras profundas, ofrece un camino claro para que los hogares más vulnerables, así como de grupos emergentes y de clase media, puedan hacer realidad, al fin, el sueño de la casa propia.

De ahí que existen miles de familias que con esfuerzo y sacrificio van cumpliendo los requisitos exigidos para obtener una vivienda con financiamiento total o parcial del Estado. Muchas de ellas viven en condiciones de pobreza, pero luchan honestamente por recorrer el camino que tienen disponible.

Estas familias son directamente perjudicas cada vez que se producen tomas de terrenos, que bien podrían albergar nuevos conjuntos habitacionales para ellas, u ocupaciones ilegales de viviendas, algunas de las cuales incluso ya han sido asignadas a sus legítimos dueños.

Por eso, y porque no es aceptable que se use la fuerza para alcanzar un fin, ni que se pase a llevar el derecho de propiedad, que está en la base de las libertades individuales, valoramos que se perfeccione la regulación del delito de usurpación, esperamos que se tramite con celeridad y que se haga cargo de todo tipo de terrenos (fiscales y privados). La actual ley ha fracasado y debe ser reemplazada por una que asegure su efectiva y adecuada persecución y sanción, lo que a su vez permitiría su prevención.

En particular, consideramos un acierto que se recalque que las usurpaciones son un delito permanente para facilitar su persecución, la que debe recaer en la policía y el Ministerio Público. El proyecto, eso sí, debe asignar responsabilidades, recursos y condiciones para que ello ocurra en plazos razonables.

En materia de sanciones, es clave que se incluyan penas de cárcel y que éstas sean ejemplarizadoras para quienes lucren, inciten y/o lideren este tipo de delitos. Además, deberían existir costos para quienes habiten este tipo de terrenos o inmuebles. Una consecuencia podría ser, por ejemplo, el descuento del puntaje en el proceso formal que tendrían que hacer ante el Minvu para obtener una vivienda.

No se trata de criminalizar la pobreza, sino de respetar a las miles de familias que, en situaciones similares, optan por cumplir la ley y de dejar meridianamente claro que como sociedad rechazamos todo acto delictivo. Hoy estamos viviendo las consecuencias de ser permisivos en esta materia.

Dicho lo anterior, no hay mejor forma de desincentivar nuevas usurpaciones que, también como sociedad, comprometernos a darle acceso expedito a una vivienda a quienes la necesiten.

Y en esto hay mucho por hacer. Tener que esperar en promedio ocho años por una vivienda con apoyo del Estado es en sí mismo un drama. Por eso proponemos simplificar y agilizar los procesos que median entre la asignación de un subsidio habitacional y la entrega de una vivienda.

En paralelo, se podría profundizar el catastro de las familias con mayores urgencias e incorporarlas a la Política Habitacional, masificar mediante una labor público-privada la solución transitoria de arriendos subsidiados y protegidos, así como acelerar la producción de nuevas viviendas mediante la industrialización e iniciativas como el programa de pequeños condominios.

Esta columna de opinión fue publicada en La Tercera