La nueva Constitución de Chile y su impacto en el sector de la Construcción

Chile se encuentra inmerso en un proceso histórico: la redacción de una nueva Constitución. Este hecho constituye un factor trascendental para forjar un marco legal sólido y legítimo que permita el desarrollo a largo plazo del país y refleje las aspiraciones y necesidades de toda la sociedad chilena.

Durante este proceso de redacción, se ha destacado la participación ciudadana y la representatividad de diversos sectores, lo que contribuye a la legitimidad de la nueva constitución. Como CChC, hemos estado presente en este proceso mediante la realización de más de 100 Diálogos Ciudadanos Autoconvocados en las 18 cámaras regionales. Dentro de los asuntos importantes que debe considerar el nuevo texto constitucional, encontramos los siguientes:

Establecer un marco regulatorio claro y estable que promueva la inversión y la certeza jurídica en aspectos como la planificación urbana, los permisos de edificación, la calidad de las obras y la responsabilidad de los actores involucrados.

Para garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos, la constitución debe velar por disponer de un motor de crecimiento económico que es la infraestructura, incluyendo aspectos como la vialidad, el transporte público, la energía, el agua potable y lo relacionado a servicios .

Es fundamental que la nueva constitución contemple la planificación territorial, establezca lineamientos que fomenten la coordinación entre autoridades y el sector privado, asegurando una adecuada planificación urbana, zonificación y uso del suelo para alcanzar un desarrollo sostenible.

La constitución debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada y en propiedad. Para ello, se deben establecer políticas que promuevan la construcción y el acceso a créditos hipotecarios, especialmente para los sectores más vulnerables.

El texto debe establecer mecanismos de separación de poderes del Estado y fortalecer las instituciones democráticas. Es vital garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial, la rendición de cuentas de los órganos de un Estado transparente, eficiente y moderno, así como la responsabilidad fiscal en las cuentas públicas. Además, se deben respaldar instituciones autónomas como el Banco Central, el Ministerio Público, la Contraloría General, el Servicio Electoral y el Consejo para la Transparencia.

Estamos ante una oportunidad única para construir un marco jurídico sólido y consensuado que refleje los valores, anhelos y prioridades de la sociedad chilena. Es esencial fomentar el diálogo y el consenso, promover la seguridad jurídica, fortalecer las instituciones y fomentar la participación ciudadana. Propender a la estabilidad y al desarrollo son bases fundamentales para un futuro próspero y en armonía para todos los chilenos.