LA NECESIDAD DE FOMENTO REAL A LA PYME

Para nadie es una novedad decir que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) generamos un importante número de empleos en nuestro país. Y no es un número menor, si pensamos que en 2018 las estadísticas indican que casi el 65% de los trabajadores de nuestro país se desempeñaba en una pyme (empresas de hasta 199 personas).

Sin embargo, somos el sector que probablemente recibe menos aporte/apoyo de las instituciones del Estado en el momento de expandir el negocio, fortalecer la oferta o emprender nuevos desafíos. Y no estamos diciendo que no existen instrumentos de apoyo, sino que estos muchas veces son insuficientes para la particular realidad de las regiones.

A modo de ejemplo, en Calama, ciudad minera, la mayoría de las pymes orientamos la gestión a esta industria, que se caracteriza por desarrollar proyectos de gran envergadura, y para poder postular a ellos se requiere de un considerable respaldo económico, además, de dependencias de grandes proporciones y preferentemente fuera del radio urbano, por el tipo de actividad (contaminante en algunos casos) y de equipos de gran tamaño que transitan desde y hacia las empresas.

Lamentablemente al momento de recurrir a la banca para solicitar financiamiento para garantías y capital de trabajo, el primer requisito es contar con patrimonio que nos respalde.

Y ahí comienzan los problemas, ya que la mayoría de los empresarios estamos ubicados en terrenos entregados por el ministerio de Bienes Nacionales, ya sea en formato de concesión onerosa o arriendo (ciertamente pagando precios muy altos) pero que, por no ser de nuestra propiedad, no constituye patrimonio a considerar para ser sujeto con capacidad crediticia. Por otro lado, el ministerio no tiene considerada la opción de vendernos, o de darse el caso el precio es inalcanzable.

Es decir, inmediatamente nos encontramos con una barrera público y privada contrapuesta absolutamente con un fomento real para la pequeña y mediana empresa de Calama.

En este escenario, se nos hace necesario poner en la mesa de la autoridad -en el marco de la política de desarrollo territorial- el imperativo de contar con una mirada diferenciada del suelo en Chile que impacte positivamente sobre el desarrollo productivo y empresarial en la región. Un empresario empoderado de su patrimonio generará más mano obra con empleos más estables y tendrá acceso a financiamiento para nuevas inversiones con empresas más sustentables.

No es algo tan descabellado lo que pedimos. Sin embargo, aún esperamos que esto ocurra.