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Financiando las transformaciones profundas

07 / 05 / 22

Por Ignacio Ávila Fellay, ingeniero civil & presidente del Comité de Vivienda

Publicada el sábado 07 de mayo en el Diario Austral de Osorno

La envergadura del gasto público con la que el Estado hizo frente durante 2020 y 2021 a la pandemia por covid-19 tiene y tendrá consecuencias duraderas. Entrega de canastas de alimentos, campañas de testeo y vacunación, programas de obras públicas y sobre todo las transferencias directas como el IFE, implicaron que el gobierno del presidente Boric deberá convivir con una billetera fiscal escuálida que difícilmente podrá revertirse con crecimiento económico, que se augura cercano a niveles recesivos.

Más bien, la convencional receta que mezcla mayor deuda pública con mayor carga impositiva ya asoma como la alternativa predilecta de la autoridad para financiar las transformaciones profundas del programa ganador de Apruebo Dignidad. Sin embargo, desde el 2015 nuestro país ya ha abundado en ambos ámbitos, y no es descabellado pronosticar que el efecto real que tendrán es perjudicar aún más la recaudación.

Existe otra vía para financiar las muy onerosas transformaciones profundas que se han comprometido.

El año 2020, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) publicó un exhaustivo estudio de la productividad en el rubro de la construcción, particularmente en el sector de las obras públicas. Dentro de los 130 hallazgos y 73 recomendaciones que la CNP propuso para elevar la productividad, el marco regulatorio, es decir la burocracia pública, sobresale por su reiterativa mención.

Los permisos administrativos expedidos por organismos tan diversos como el Servicio de Evaluación Ambiental, las Direcciones de Obras Municipales, Secretaría de Transportes, Dirección de Vialidad, Serviu regionales, Dirección General de Aguas y hasta el Consejo Nacional de Monumentos, entre varios otros, son protagonistas centrales en que los proyectos sufran retrasos en sus inicios, sus desarrollos, o incluso en sus cierres.

En cualquier caso, la CNP señala en su estudio que entre 5 y 13 miles de millones de dólares estarían perdiéndose todos los años en términos de actividad económica por falta de productividad en la construcción: hasta 6 puntos del PIB nacional.

Sin considerar el impulso a la inversión que significaría, desenmarañar la burocracia pública que tiene subpotenciada a la construcción podría ser la vía más eficaz de financiar las transformaciones profundas.