El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad

Por Andrés Angulo, presidente CChC Osorno

Publicada el 20 de noviembre en el Diario Austral Osorno

La Constitución vigente no tiene incorporado específicamente un derecho ni una garantía de acceso a la vivienda y a la ciudad. Sin embargo, de manera indirecta sí lo hace, al otorgar valor y jerarquía jurídica a los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile, tales como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que plantea que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…”.

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

En relación con la vivienda, hoy en nuestro Osorno hay 16 campamentos. En ellos, se cobijan 965 familias con 1.010 niños menores de 14 años, … todos en condición de alta vulnerabilidad y sin acceso formal a un insumo tan básico como es el sanitario; es decir, sin alcantarillado y sin agua potable. Ha esto debemos sumar el déficit histórico que fluctúa entre 4.000 y 5.000 viviendas. Raya para la suma, estamos en deuda con 6.000 viviendas.

En relación con la ciudad y fruto de la planificación urbana de los últimos 86 años se ha consolidado una segregación socio espacial dejando sectores de alta densidad y bajo equipamiento en el sector poniente del Rio Rahue quedando el sector oriente de Osorno con la mejor y mayor dotación tanto de servicios públicos como privados.

Este deformado desarrollo urbano ha generado una deuda, dejando amplios sectores de la meseta superior de Rahue, desde el sector poblacional de Las Vegas hasta el sector de camino a La Misión sin equipamiento y servicios, o sea sin acceso a la ciudad.

Sera un principio intransable en la nueva planificación urbana de nuestra ciudad el pago de esta deuda para esos sectores que han sido históricamente segregados.

Como Cámara Chilena de La Construcción, proponemos que la Constitución incluya el deber estatal de velar por el acceso universal a la vivienda y a la ciudad, y que las leyes establezcan la mejor forma de lograr esta meta.