El derecho a la libertad de elegir

Todas las personas requieren tener cubiertas sus necesidades básicas para desarrollar su vida y aspirar a cumplir sueños y anhelos que conformen sus proyectos de vida.

De ahí que las sociedades modernas se caractericen por contar con herramientas para satisfacer las necesidades básicas de los individuos y también por contribuir de la mejor forma posible a que las personas puedan concretar sus distintos objetivos y aspiraciones. En esta línea, uno de los aspectos fundamentales es que se garantice la libertad necesaria para que cada cual elija el camino que estime mejor, siempre que no afecte los derechos de otros y se ajusten a un marco legal igual para todos.

Para que las personas puedan escoger el camino que las lleve a concretar sus proyectos de vida, la Constitución consagra un conjunto de libertades.

Algunas libertades apuntan a satisfacer aspiraciones emocionales o espirituales, como la libertad de conciencia, de enseñanza y de expresión y otras, a obtener las condiciones materiales que nos ayudan a recorrer nuestros propios caminos.

Entre estas últimas destacan la libertad de trabajo y de emprendimiento, que, entre otros atributos, dan a las personas crecientes posibilidades para decidir respecto de sus vidas, impulsan la capacidad innovadora y creadora y, por la vía del pago de impuestos, aportan recursos al Estado para satisfacer las necesidades básicas de los grupos más vulnerables.

El marco legal que nos rige ha contribuido a que esto ocurra, permitiendo que el potencial de las personas se exprese, por ejemplo, a través de la creación de emprendimientos, negocios y empresas de toda índole. De hecho, según el Programa de Desarrollo Emprendedor de América Latina, Chile es el país con las mejores condiciones para el emprendimiento de la región.

Para el efectivo ejercicio de la libertad individual, entendida como la facultad para definir y realizar un proyecto de vida, es clave que la sociedad reconozca a cada cual el derecho de hacerse dueño del producto de su trabajo. De ahí que la Constitución también consagra y protege el derecho de propiedad, que es esencial para la dignidad del ser humano y la democracia, ya que es un requisito indispensable para que las personas ejerzan sus derechos políticos en un plano de igualdad e independencia.