Desarrollo local y certeza jurídica

Por estos días nos enteramos a través de los medios de prensa que hay varias inmobiliarias que ya no desean construir en Valparaíso debido a que no existe certeza jurídica frente a permisos de edificación otorgados por el municipio -que luego de un tiempo de haber sido aprobados- son derogados por las autoridades municipales sin razón de fundamentos.

Esta situación, también, la hemos podido vivenciar en otras comunas del país como Santiago, Ñuñoa, y Los Ángeles, no ha quedado ajeno a esto. Cuando cualquier organización no gubernamental o persona pone en duda la otorgación de un permiso y la edificación de dicha obra, judicializa el tema, lo que genera no tan sólo una demora en el proyecto – ya que la corte ordena la paralización de las faenas mientras se resuelve el fallo- sino que, además, produce un grave deterioro económico a las inversiones, al desarrollo local y también a los trabajadores que deben abandonar temporalmente sus actividades laborales por fuerza mayor.

Actualmente, existen dos obras públicas que han debido soportar los embates de la judicialización, me refiero al proyecto “Centro Cultural de Los Ángeles” emplazado en el antiguo Internado del Liceo de Hombres, frente a la plaza principal y al proyecto “reposición y reparación mayor dependencias municipales de Los Ángeles”, ambos objetados por una organización local por tratarse de edificios consignados en la categoría de “conservación histórica”.

El primero de estos proyectos ha reiniciado recientemente las obras de recuperación luego de haber transitado por meses, las rutas del Tribunal Civil, Corte de Apelaciones y Corte Suprema en donde, en cada una de ellas han dado la razón al municipio local indicando que el proyecto se ajusta a derecho.

En el segundo proyecto, el conflicto está localizado en el inmueble “ex biblioteca municipal” el cual también ha recorrido por meses la ruta judicial en todas sus instancias con resultado favorable para el municipio, pero ahora, está en espera del fallo del Tribunal ambiental, dependiendo de ello para la continuidad o no del proyecto aprobado.

Como angelinos, estamos convencidos de que debemos defender y proteger nuestro patrimonio cultural, pero esto no debe implicar, frenar el desarrollo, ni obviar que tras la aprobación de un permiso hubo una serie de estudios y análisis, que posibilitó concretar la obra.

El desarrollo de una ciudad debe apuntar a mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan y para ello deben existir reglas claras que parten por el Plan Regulador local, las ordenanzas municipales, la Ley General de Urbanismo y Construcción, la observación de las instancias medio ambientales y patrimoniales y las aprobaciones que en su caso correspondan al ministerio de la vivienda y urbanismo Minvu, Bienes Nacionales y otros. Cuando se ha cumplido a cabalidad con estas instancias y se cuenta con el respectivo permiso de edificación emitido por la DOM, las obras o faenas deberían ejecutarse sin mayor inconveniente como es el caso de la municipalidad de Los Ángeles.

Cuando, a pesar de haber cumplido lo anterior, se judicializa una obra o faena por razones particulares y ajenas a las reglas establecidas, estamos hablando de “incerteza jurídica” lo que genera un desgaste global que no deja avanzar, en la justa medida, hacia una ciudad compatible con los tiempos actuales, la certeza jurídica en cambio permite el desarrollo armónico de los proyectos en tiempo y recursos planificados.

Ante esta situación, creemos que es previamente necesario redoblar los esfuerzos de comunicación e información pública a la ciudadanía acerca de los proyectos emblemáticos y otros, con el objeto de consensuar con antelación las posibles discrepancias y evitar desgastes innecesarios de recursos humanos y financieros transitando de esta manera hacia el desarrollo sustentable de los espacios e infraestructura que los ciudadanos merecen y esperan de quienes los gobiernan, y evitando que organismos y autoridades públicas incurran en contradicciones o que abiertamente desconozcan con sus actuaciones el ordenamiento jurídico vigente.

Gerardo Godoy Labrín

Consejero Nacional CChC