Desafíos políticos para el desarrollo

En estas elecciones elegiremos nuevas autoridades y un nuevo gobierno. En ese contexto el gremio constructor tiene una visión ante el desafío conjunto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país y por supuesto de las regiones.

La construcción es una de las principales actividades económicas, con 30.000 empresas que dan trabajo a 750 mil personas, aportando cerca del 7% del PIB nacional. En consideración y dado los desafíos que enfrenta el país, nuestro gremio ha elaborado un documento que contiene reflexiones y propuestas para dinamizar la actividad de la industria y para contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto.

En materia de vivienda es necesario seguir reduciendo el déficit habitacional que a nivel regional supera las 22 mil, de las cuales más de 17 mil corresponden a vivienda social. Es necesario también mejorar la focalización del gasto público con énfasis en la erradicación de los campamentos, y diseño de una política habitacional flexible que ofrezca distintas alternativas de acuerdo al ciclo de vida de las personas, como subsidios de arriendo para los jóvenes y subsidios acotados que fomenten la movilidad de quienes puedan cambiar su vivienda por otra mejor.

Debe seguir fortaleciéndose el trabajo colaborativo público-privado en que el Estado no compita con los privados y resguarde la certeza jurídica en los proyectos de inversión. Los efectos del crecimiento de la ciudad ameritan precisar estándares urbanos mínimos, socioeconómicamente transversales, en materias como infraestructura urbana y de transporte, equipamiento, áreas verdes y servicios. Con esto también acordar un nuevo sistema de planificación urbana con visión de largo plazo, garantizando la disponibilidad de suelo para oferta habitacional a la clase media.

Además se requiere una institucionalidad que asegure la gestión de infraestructura pública proyectada al futuro que permita materializar proyectos estratégicos mediante el sistema de concesiones.

Por último promover la descentralización a través de un marco normativo e institucional, donde las regiones puedan decidir su destino con sus propias visiones de desarrollo atrayendo la inversión privada. Y desde luego avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa con estrategias activas diseñadas por el sector público y privado, apuntando a mayor inclusión de mujeres, jóvenes y población inmigrante.

Las regiones tenemos que asumir nuestra responsabilidad en definir nuestras vocaciones productivas y visiones de desarrollo mirando al futuro, mediante la elaboración de estrategias y planes concretos para lograrlo. Antofagasta se enfrenta hoy a esa discusión en la que debe plantearse si se proyecta como una ciudad portuaria, de servicios, minera, turística o industrial. Para ello es clave el diálogo permanente entre los distintos organismos del servicio público-privado y la ciudadanía, después de todo lo que está en juego es el destino de todos y todas los que habitamos la zona norte del país.