Contrapesos

Por Andrés Angulo

Vivimos en un régimen que se conoce como Estado Democrático de Derecho. Este consiste en una forma de gobierno y de organización de la sociedad basada, por una parte, en la capacidad de la mayoría para elegir a sus gobernantes periódicamente y, por otra, en el respeto a los derechos esenciales de todas las personas, en especial de las minorías.

La sociedad moderna cuenta con herramientas que impiden que un solo individuo o estamento –como podría ser el Estado, el poder político u otro tipo de caudillismo populista– concentre demasiado poder y pueda afectar la libertad y dignidad de las personas.

Se trata de impedir que individuos, estamentos o incluso mayorías hagan lo que quieran pasando a llevar los derechos de otros.

Y es la Constitución la encargada de que ello así ocurra, por la vía de considerar una serie de instancias que conocemos como CONTRAPESOS DE PODER.

En un Estado Democrático de Derecho, el principal mecanismo de control que tienen las personas y la sociedad sobre el poder político son las elecciones periódicas de autoridades. Esto permite que si un gobernante hace mal su trabajo o comete abusos, simplemente no sea reelecto y se cambie por otro.

Por otra parte, la Constitución también considera entre otras, a tres importantes y principales instituciones que contrapesan el poder del Estado:

Tribunal Constitucional: resguarda que las autoridades políticas –tanto el Presidente de la República como el Congreso Nacional– respeten la Constitución y los derechos fundamentales de todas las personas.

Contraloría General de la República: controla que los integrantes del Poder Ejecutivo y de las municipalidades respeten las leyes en los actos que realizan para el funcionamiento del Estado.

Banco Central: organismo autónomo –independiente del gobierno de turno– que vela por la estabilidad de la moneda; es decir, por mantener controlada la inflación, para lo cual regula la cantidad de dinero en circulación y el crédito en la economía. No puede prestarle dinero al Gobierno ni garantizar los créditos que éste pida a terceros. Esta autonomía hace que el Poder Ejecutivo y el resto de los agentes económicos ajusten su gasto a lo que PRODUCE EL PAÍS, ayudando a crear un entorno predecible para tomar decisiones y así resguardar la estabilidad económica.