COMO EL GATO CON EL RATÓN

05 / 08 / 16
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Hace unos días conocimos el nuevo y, poco alentador, informe hecho por la Bolsa de Productos de Chile y la ASECH. En él se evidencia que el plazo de pago de las grandes empresas a las PYMEs ha aumentado a 53 días promedio, 8,1 días más que el trimestre anterior.

Este es un nuevo foco de preocupación para los proveedores de bienes y servicios, los que fuimos denominados en su momento “socios estratégicos” hoy debemos hacernos cargo del supuesto revés que viven las mineras y grandes empresas. Es obvio que mientras más pronto se realicen los pagos mejor, pero ¿qué consecuencias trae este aumento en el plazo de pago?

Significa, en la práctica, un aumento de capital de trabajo que la empresa debe financiar por sí misma o endeudándose en la banca. De esta manera las PYMEs se convierten en financistas de las grandes compañías, en nuestro caso, principalmente mineras. Y si cada empresa afectada empieza a adoptar la misma medida para paliar la situación se estaría provocando un “efecto dominó” que podría afectar la microeconomía regional.

En diciembre de 2015 BHP Billiton (operador de Minera Escondida, Spence y Cerro Colorado) simplemente notificó a sus proveedores que ampliaba el plazo de pago de 30 a 60 días. Tanto el gobierno como las asociaciones gremiales levantaron sus críticas, pero lamentablemente vimos con desaliento que la pequeña y mediana empresa no tiene mucho poder de negociación en este ámbito.

Con otras empresas en nuestra zona vivimos situaciones similares aunque no lo hayan notificado formalmente. Los grandes conglomerados ejercen su poder monopsónico sobre sus proveedores para quienes, sabemos, el margen de maniobra es mínimo. Lo lamentable no es la necesidad de negociar los contratos, sino que la falta de respeto a los acuerdos firmados, el cambio de las reglas del juego que los mismos mandantes redactan.

Algunas iniciativas han surgido como la moción interpuesta en julio en el senado, donde se propone modificar la Ley 20.416 fijando un plazo máximo de 30 días para el pago de la prestación de servicios de pequeñas y medianas empresas. Una gran ayuda sería legislar acerca de cómo generar condiciones de equidad y ecuanimidad en la contratación de servicios.

La Cámara Chilena de la Construcción y otras asociaciones llevan años solicitando una regulación para mejorar el ambiente del negocio, y aunque sabemos que la tramitación del proyecto puede demorar, al menos ya existe una iniciativa al respecto. Como gremio consideramos que necesitamos más, desde iniciativas que regulen condiciones justas, pasando por que el rayado de cancha inicial se respete, hasta una política regional al respecto, que contribuya a equilibrar las relaciones comerciales existentes, considerando que somos el motor de desarrollo y contribuimos con mucho a la generación de empleos.