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Alza extraordinaria de costos para la actividad de la construcción

18 / 08 / 22

Para enfrentar la crisis sanitaria y económica, distintos gobiernos, incluyendo Chile, han impulsado y fortalecido sus planes de infraestructura. Esto, que ya se ha hecho en otros momentos de la historia -por ejemplo, después de guerras o crisis mundiales-, se realiza no sólo por el impacto positivo que tienen estos programas en el empleo local -el Banco Mundial estima que por cada USD $1.000 millones invertidos en infraestructura, se crean 40.000 puestos de trabajo anuales, con especial intensidad en la mano de obra no calificada que representa a los sectores más vulnerables- sino porque estos proyectos tienen un impacto positivo en conectividad, productividad y bienestar de las personas. Es decir, tienen efectos positivos de corto alcance, generando empleo, pero además son obras clave para el desarrollo regional, como caminos, parques, centros de salud familiar, entre otros.

En paralelo a estos esfuerzos, distintos factores que han explotado producto de la pandemia han traído aparejados un alza de inflación en Chile y en varios países que desde hace décadas no sufrían este fenómeno, como Estados Unidos o Alemania. Lo anterior, ha provocado alzas sostenidas, acentuadas e imprevisibles en los costos, afectando a las personas y a las actividades productivas.

En el caso de la construcción este fenómeno se debe en parte a los quiebres de stock a nivel global y las estrecheces en las cadenas logísticas -especialmente del transporte marítimo- lo que ha impactado y explicado una considerable alza en los materiales. Para poner ejemplos concretos: el hormigón, petróleo, hierro y madera han experimentado aumentos anuales de entre un 35% a 40%. Estas alzas tienen un impacto en los costos globales de los contratos de cerca del 20% en promedio.

Es evidente, tomando en cuenta esta realidad, que esta alza extraordinaria está incidiendo gravemente en la ejecución de proyectos públicos y privados junto a la sostenibilidad de empresas contratistas, especialmente de las pequeñas y medianas, muchas en serio riesgo de entrar en insolvencia o directamente en quiebra. Según un catastro que hemos realizado como gremio, a nivel nacional existen 220 obras de infraestructura pública -14 en nuestra región- en riesgo de ser suspendidas o paralizadas y entre un 20% a 25% de presupuestos de diversas entidades podrían verse imposibilitados de ser ejecutados, lo que podría tener importantes costos a nivel regional tomando en cuenta el avance evidenciado a junio de este año.

Además, están las preocupantes consecuencias que esta situación pueda tener en el empleo. No es un misterio la relevancia que tiene la construcción en la fuerza laboral -representa alrededor de un 10% del total en Atacama-, que en los últimos años ha estado sostenida por la inversión pública, por lo que una subejecución podría poner en riesgo entre 1.500 a 2.000 puestos de trabajo.

Lamentablemente estos efectos ya se dejan sentir. Según el último informe del INE en el trimestre móvil abril-junio la construcción es la actividad económica que presenta una mayor disminución en la cantidad de ocupados en la zona, en una economía local que no ha logrado despegar y que ubica a la región como una de las tres con mayor desempleo a nivel nacional.

La experiencia internacional nos muestra que, ante problemas excepcionales, se deben buscar soluciones excepcionales. En España, Francia, Irlanda, Grecia, Alemania o Italia, por nombrar algunos países, donde se han producido situaciones similares fuera de todo cálculo o proyección posible, se han tomado medidas específicas para enfrentar esta situación, evitando la paralización de obras y quiebras de empresas. Creemos que es momento de asumir esta realidad, ver posibles caminos para llegar a soluciones reales e innovadoras, y así evitar una pérdida de empleos y capacidad productiva, la insolvencia de contratistas, la detención de obras públicas requeridas por la comunidad, mitigar los efectos en el avance de la ejecución de presupuestos públicos y no limitar la capacidad de reactivación en nuestra economía.

Juan Pablo Hinojosa Usaj
Vicepresidente CChC Copiapó