Alza de costos y su impacto en la infraestructura

Por Andrés Angulo, presidente CChC Osorno

Publicado el sábado 13 de agosto del 2022 en el Diario Austral Osorno

La acelerada recuperación del crecimiento post pandemia ha traído un alza de la inflación en Chile y el mundo. Distintos sectores están experimentando incrementos sostenidos en sus costos de producción. El desarrollo de construcción e infraestructura no ha sido la excepción. Esto se ha explicado en gran parte por los quiebres de stock a nivel global, y las estrecheces en la cadena logística; lo que ha impactado en un considerable aumento del precio de materiales, que podrían representar una variación promedio del 20% del costo de las obras.

Las empresas trabajando en obras privadas, han podido resolver el problema. Pero, aquellas que dependen de los organismos públicos, han experimentado mayor complejidad para los reajustes pues no es posible traspasar las alzas de costo en contratos con el Estado. La rigidez del marco normativo en que éstos se celebran, ha impedido hacer propuestas concretas para solucionar esta disyuntiva.

Este impedimento de reajuste está significando serias dificultades para muchas empresas contratistas cuyo principal mandante es el Estado. La gran mayoría de ellas son pequeñas y medianas. Pero, más importante todavía es que muchas obras necesarias para mejorar la infraestructura al servicio de las personas y los ciudadanos, están siendo suspendidas o postergadas

Para dimensionar un posible impacto en el empleo, sólo el Ministerio de Obras Públicas, para este año tenía considerado que sus obras generaran cerca de 211.000 empleos. Por lo que una subejecución que alcance un 20%, implicaría 42.000 empleos menos.

Nuestro planteamiento es que se trata de una circunstancia totalmente excepcional y única que requiere una habilitación legal igualmente única y excepcional. En vista de que no sería posible considerar un reajuste de los contratos vigentes por vía administrativa, creemos que sería inevitable considerar algún tipo de modificación legal para enfrentar la situación.

Confiamos en que una idea de este tipo pueda ser considerada como forma de evitar la pérdida de empleos, capacidad productiva y de ejecutar el presupuesto de las distintas entidades estatales involucradas. También como una forma de evitar generar una limitación adicional a la capacidad de recuperación de nuestra economía en el corto plazo.