Acuerdo de Producción Limpia: una oportunidad

Por Marcela Torres, past presidenta CChC Antofagasta

Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, en Chile, el 53% de los residuos totales que se generan a nivel nacional corresponde a residuos industriales. Por otra parte, de acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 35% de los residuos sólidos proviene de la construcción y la demolición (RCD) y estos alcanzarían las 7.455.602 toneladas anuales en 2023 solo considerando vivienda, lo que corresponde a un volumen de 15,5 Estadios Nacionales. Por eso, la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción” propuso hace un par de años cambios sustantivos con el objetivo de valorizar el 70% de los residuos de la construcción a 2035.

Considerando lo anterior y que la construcción en Chile es el sexto empleador, concentrando el 63% de la inversión en el país, preocupa que los residuos de la construcción y demolición (RCD) estén actualmente por sobre los promedios de países con mayor productividad. Teniendo en cuenta además que diariamente miles de toneladas de estos residuos son desechados en vertederos, contaminando y dañando la biodiversidad.

Urge así que el esfuerzo tanto público como privado sea sistemático, organizado y cada año más significativo. En la región de Antofagasta se trata de una fuente de continua preocupación, siendo los RCD sin duda una parte de un problema mayor. En los últimos 18 meses se estima que solo en nuestra comuna se han producido un total de 55.137 m3 de residuos de la construcción y demolición.

Vale la pena, ante todo este escenario, destacar esfuerzos que implicarán avances, como el recientemente firmado Acuerdo de Producción Limpia (APL) interregional entre la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de CORFO, que propiciará la prevención, valorización y correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y el consumo sustentable del recurso hídrico de la cadena de valor de las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes.

En el marco de este se realizará un diagnóstico sobre la generación de residuos y de consumo hídrico en las instalaciones adheridas, también se establecerá una línea base sectorial de alcance regional, lo que permitirá implementar un plan de gestión de RCD y de uso eficiente del agua. Junto con ello se desarrollará una estrategia
regional para solucionar la falta de sitios de valorización y para la eliminación de RCD, y se difundirá entre las empresas el catastro de gestores de residuos y de los sitios de disposición final existentes.

Así, empresas constructoras, contratistas y proveedores, implementarán este plan en un plazo de 24 meses, con la participación y apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, los Gobiernos Regionales, Dirección General de Obras Públicas, Instituto de la Construcción y el Programa Construcción 2025 de Corfo y la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (Anir).

Este acuerdo es un compromiso voluntario entre las empresas y el Gobierno que se está firmando en distintas regiones del país y que va más allá de los requisitos legales en materia medioambiental.

Si bien esta firma del APL es una señal positiva e inédita, el problema de la basura requiere del compromiso concreto de todos los actores públicos y privados y, al igual como ocurre en otras regiones del país, es necesario tener siempre en consideración que se trata de una parte clave de la respuesta a una problemática que es mayor y requiere
dedicación y respuestas.

Esta columna de opinión fue publicada en el Diario Financiero