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Más de 150 mil personas de La Araucanía podrían verse damnificadas por grave escenario que afecta a empresas constructoras con el Estado

17 / 05 / 22

Empresas a cargo de proyectos de Arquitectura, Agua Potable Rural y Vialidad han reiterado su crítica situación económica por contratos no reajustables.

Sin respuestas concretas por parte del Estado se encuentran las empresas que se adjudicaron los contratos de emblemáticos proyectos de la Región de La Araucanía en los últimos cuatro años. Argumentan que la delicada situación económica en que se encuentran hoy, debido al alza sostenida en los precios de los materiales de los últimos años y la no reajustabilidad de los contratos, podría afectar a 159.175 personas de la zona considerando obras de Arquitectura, Agua Potable Rural (APR) y Vialidad.

Desde hace meses -explican- se han acercado a las autoridades de la región de ambos gobiernos para reiterar la gravedad del escenario y el impacto que podría generar tanto en las mismas empresas, con riesgo inminente de quiebra, como en los beneficiarios, que verían afectada su calidad de vida. Sin embargo, hasta el momento, no han habido medidas concretas para mitigar la situación.

Agua Potable Rural

Son 31.795 las personas de las comunas de Villarrica, Padre Las Casas, Temuco, Freire, Traiguén, Vilcún, Nueva Imperial, Galvarino, Victoria, Pucón, Lonquimay y Curarrehue las que podrían verse afectadas por esta situación. Son 34 las obras de Agua Potable Rural que mantienen contratos no reajustables firmados entre 2018 y 2022 y las primeras consecuencias ya se han visto: dos obras APR están paralizadas.

Se trata de los proyectos “Construcción Sistema Agua Potable Rural Puente Basa Grande” y “Reposición Sistema Agua Potable Rural Catripulli, Rinconada y ampliación a Loncofilo, Huampoe, Sta. Elena”, ambos de la comuna de Curarrehue, escenario que está afectando a 1.441 y 2.297 beneficiaros respectivamente.

Al respecto, Patricio Gatica de la empresa Cimbra, contratista de proyectos APR en la región, explica que “firmamos contratos no reajustables antes de la pandemia y su repercusión en el alza sostenida en los costos de los materiales de construcción fue imposible prever. Pese a que ya es de público conocimiento, el Estado no nos ha ayudado en poder resarcir esta situación. Además, hoy los contratos se siguen firmando sin reajustabilidad con un alza que se sostiene. Pese a este escenario hemos seguido estoicamente trabajando, no obstante, el equilibrio económico entre las partes se perdió, siendo nosotros como contratistas los que hemos asumido el sacrificio de entregar una obra APR a un precio distinto. Seguimos alertando a la autoridad porque no sabemos hasta cuándo podremos seguir resistiendo”.

Dirección de Arquitectura y Vialidad

La situación en las obras de la Dirección de Arquitectura es igual de crítica. Son 2 los proyectos que ya anunciaron su paralización afectando a más de 60 mil beneficiarios. Se trata de las obras de reposición del Edificio Consistorial de Angol, que llevaba un 40% de avance, y la normalización del Cesfam de Trovolhue (57% avance).

Sin embargo, el escenario podría empeorar ya que otros 5 proyectos han informado problemas presupuestarios por los antecedentes anteriormente entregados. Se trata de las obras del Hospital de Lonquimay, el Liceo Jorge Teillier de Lautaro, el Centro de Salud de Victoria, el Edificio Consistorial de Toltén y el Terminal de Buses Interurbano
de Curacautín, cuya potencial paralización podría damnificar a 67.224 beneficiarios.

Misma suerte podrían correr emblemáticas obras de Vialidad. Pese a que no se conoce el número de beneficiarios afectados, ya han paralizado tres proyectos: mejoramiento de la ruta S-61 Melipeuco – Icalma con un 52% de avance; y dos proyectos de la ruta S-803, uno en el tramo de la comuna de Villarrica (71% avance) y otro de Loncoche (39%). Empresas a cargo de 23 proyectos de conservación y específicos de Vialidad anunciaron también problemas presupuestarios, por lo que el estado general de las obras en La Araucanía se torna crítica.

Respuestas

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Gustavo Tomasetti, explicó que ya se han reunido con distintas autoridades, pero siguen a la espera de una respuesta concreta. “Queremos que las autoridades puedan sentarse a la mesa para conocer el impacto en los contratistas. Buscamos un reajuste en los contratos, ya sea polinómico o alguna indemnización por un mayor costo consensuado. No queremos llegar al escenario en que más obras paralicen porque las empresas contratistas no puedan seguir soportando este costo, de ahí la importancia de acelerar este proceso”.

Quien también se refirió a esta situación, fue el diputado Juan Carlos Beltrán, quien señaló que “estamos dando una luz de alerta a nuestras autoridades. Es en extremo preocupante que esta importante cantidad de obras tengan riesgo de paralización. Las empresas están haciendo los máximos esfuerzos para no detenerse, sin embargo, ya hemos visto las primeras paralizaciones y no queremos más”.

El legislador, que informó haberse reunido recientemente con el subsecretario de Obras Públicas, José Herrera, para dar a conocer esta situación, informó que “me he contactado con el alcalde de Lonquimay, Curacautín, Lautaro, Angol y con el Gobernador Regional para expresarles mi preocupación y voluntad de llevar este tema hasta la Cámara de Diputados para acelerar las soluciones y encontrar una instancia en que el Estado de Chile pueda resolverlo. Porque necesitamos respuestas concretas e inmediatas”.