Comité Ejecutivo de la CPC se reúne con subsecretario del Interior y nuevo ministro de Hacienda

El presidente de la CPC, Alfredo Moreno, y representantes de las seis ramas que integran el Comité Ejecutivo de la Confederación, entre ellos la Cámara Chilena de la Construcción, representada por el presidente (s) Patricio Donoso, recibió hoy al subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy y luego al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

Con Aleuy mantuvieron una conversación franca sobre materias relacionadas con la seguridad, especialmente la situación que afecta a la región de La Araucanía. El subsecretario manifestó que con los distintos sectores de la CPC el gobierno está trabajando en estas materias y aseguró que "seguiremos colaborando entre el Estado y la empresa privada para avanzar en los temas que el país necesita".

En tanto, el objetivo de la reunión con Nicolás Eyzaguirre, fue abordar temas económicos y concretar un acercamiento con Hacienda, tras la salida de Rodrigo Valdés. En la ocasión, analizaron el panorama económico en general y la situación de cada uno de los sectores, además de revisar algunos proyectos de ley que interesan al sector privado.

Junto con agradecer la visita del Ministro, el presidente de la CPC señaló que "el interés del equipo económico que él dirige y el de los empresarios es que al país le vaya bien, que tengamos una economía que crezca y así dé mejores oportunidades y permita a los chilenos progresar. Para lograrlo, vamos a seguir colaborando el sector público y privado en los próximos meses".

Durante esta reunión, Patricio Donoso entregó a Eyzaguirre un documento con algunos de los temas en los que la Cámara Chilena de la Construcción está trabajando fuertemente y que el gremio considera de vital importancia, entre ellos la certeza jurídica y los proyectos de inversión paralizados, además del impulso a la creación de la Dirección General de Concesiones, que está en trámite de aprobación, y del Fondo de Infraestructura, que si bien partió como una idea interesante su redacción actual crea una empresa del Estado con atribuciones que van mucho más allá de generar garantías y, potencialmente, apoyar en el financiamiento de proyectos.