Certeza jurídica, inversión y responsabilidad pública

Opinión Presidente CChC Valparaíso, Marcelo Pardo Olguín.

En la Región de Valparaíso la inversión en construcción ha estado prácticamente estancada por una menor actividad derivada de factores como la incertidumbre por las reformas estructurales impulsadas por el gobierno y la pérdida de confianza de los inversionistas; escasez de suelo urbano –por falta de factibilización técnica y “congelamientos”- y por el encarecimiento de construcción por temas regulatorios.

Pero además durante los últimos meses está afectando duramente nuestra actividad, y los miles de empleo que genera, el poco respeto a los permisos de obra válidamente emitidos. Y esta falta la certeza jurídica, es especialmente evidente en el Gran Valparaíso.

En efecto, importantes proyectos de infraestructura e inmobiliarios, tanto habitacionales como comerciales, de distintas magnitudes y características, se han visto crecientemente cuestionados y amenazados en la zona. Y si bien es cierto que a la mayoría se les ha aplicado regulaciones urbanas o normativas ambientales vigentes, no es menos cierto también que el grueso esos proyectos cuentan con las autorizaciones legales necesarias y el respaldo de empresas de probada seriedad y aporte al desarrollo de la región y del país.

La verdad sea dicha: muchas de estas iniciativas han sido obstaculizadas por la acción grupos ciudadanos que, con intereses a veces legítimos y otras veces mezquinos, presionan a las autoridades de manera ilegítima para que tomen decisiones a su conveniencia, amparados en la poca capacidad de maniobra que les deja el impacto público y el costo político de esas decisiones.

El problema es que la mayoría de las veces esos grupos, con escasa representatividad, frecuentemente atomizados y prejuiciados y evidenciando un gran desconocimiento de la ley, arrastran a autoridades, medios de comunicación y la opinión pública, presionando a las autoridades en busca de detener proyectos debidamente tramitados conforme a la legislación vigente y generando un cuadro de antagonismos entre buenos y malos. Y, lo que es peor, atentando contra la certeza jurídica, factor clave para la estabilidad y el progreso de la región y el país.

Ello aún cuando todos los actores regionales han coincidido en que las carencias de infraestructura y equipamiento, y el problema de la vivienda, son algunos de los más graves de nuestra zona y evidentemente amenazan al desarrollo de nuestra región.

Por todo esto hoy es importante que la opinión pública sepa que los constructores realizamos nuestros proyectos, ahí donde lo permite la ley y cumpliendo estrictamente las disposiciones legales, y que por ello se han conseguido los permisos de construcción de parte de la autoridad. 

No podemos permitir que iniciativas legítimas que normalmente cuentan con un amplio apoyo de los ciudadanos, las organizaciones y las propias autoridades, y que son sentidas como muy necesarias para mejorar la infraestructura y las viviendas de la zona y la calidad de vida de sus habitantes, sean abortadas por la presión de algunos sectores.

Como gremio vemos con preocupación cómo proyectos relevantes en términos de inversión y generación de empleo se siguen viendo entrabados en su concreción por un fundamentalismo que limita el desarrollo, pero también por la falta de precisión en la normativa. Y, lo que es más preocupante, ha obligado a inversionistas y desarrolladores inmobiliarios a reconsiderar nuevos proyectos o inversiones.

Finalmente como Cámara reiteramos que, nuestro mensaje a los socios es que deben presentar sus proyectos con el mayor rigor posible y apegados a la normativa, en el marco de nuestro estricto código ético. Y que los problemas que ocurren hoy en Valparaíso y Viña del Mar, nuevamente dejan en evidencia que son vitales las reglas claras.

Por lo mismo insistimos en que es urgente contar con los nuevos PRC y que éstos deben expresar claramente qué se puede construir en nuestras ciudades y dónde. Y que al mismo tiempo nuestras autoridades deben hacerse responsables de sus decisiones y de si los instrumentos de regulación del territorio que elaboran, son los que necesitan nuestras ciudades y las personas, para mejorar su calidad de vida.