Antonio Errázuriz, presidente de la CChC: “Es urgente que el Estado de un nuevo trato a los proyectos de construcción”

Con el propósito de contribuir a impulsar la inversión –clave para la reactivación económica, el empleo y la recaudación fiscal–, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizó un diagnóstico de las trabas administrativas que enfrentan los proyectos de construcción, tanto para ser autorizados como durante su desarrollo.

En la oportunidad, la gerenta general del gremio Paula Urenda, además de valorar el trabajo realizado con el Gobierno para buscar soluciones a las dificultades provocadas por la contingencia nacional e internacional, señaló que “ahora queremos aportar nuestra mirada para abordar una problemática que no responde a la coyuntura, sino que se arrastra por años: las trabas o “nudos críticos” que se encuentran las iniciativas de inversión para ser aprobadas y ejecutarse”.

El vicepresidente de la CChC, Carlos Zeppelin, comentó que estas dificultades “están presentes en las diferentes etapas de los proyectos (planificación, diseño, adjudicación, permisos y construcción) y provocan retrasos, mayores costos, controversias y judicialización, además de daños a las empresas y al interés público”.

“Las personas y el país necesitan las obras de construcción. Pero algunos elementos de la institucionalidad, en especial el sistema de contratación pública, hacen que sea cada vez más difícil que se puedan realizar. Es urgente que el Estado genere un nuevo trato para los proyectos de construcción o las iniciativas privadas serán cada vez menos y, las públicas, más caras”, sostuvo el presidente de la CChC Antonio Errázuriz.

PRINCIPALES “NUDOS CRÍTICOS”

El vicepresidente de la CChC, Carlos Zeppelin, comentó que “los problemas parten por una escasa planificación y la baja calidad del diseño de los proyectos. En Chile se invierte en esto último cinco a siete veces menos que en países referentes, lo que en parte explica, por ejemplo, el alto porcentaje de modificaciones y de controversias que registran los contratos de obras públicas”.

En la etapa de adjudicación –momento en que formaliza la relación contractual entre el Estado y la empresa contratista–, cobran relevancia los reglamentos de inversión de obra pública. “En general, dejan muchos espacios para interpre­taciones, traspasan riesgos excesivos a los contratistas y provocan retrasos y sobrecostos”, argumentó el dirigente.

Respecto de la tramitación y obtención de permisos, la situación es crítica. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción, a lo que se agrega que su tramitación no necesariamente cumple con los plazos establecidos en la ley. Por ejemplo, un permiso de edificación demora, en promedio, 127 días, superando largamente los plazos legales.

Para graficar lo problemático de este aspecto, se mencionó que actualmente hay cerca de 22.000 viviendas sociales que corren el riesgo de no poder ejecutarse por dificultades para obtener sus respectivos Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).

En tanto, cuando el proyecto se está construyendo, las trabas no son menores, fundamentalmente por severos retrasos asociados a expropiaciones, traslado de servicios (gas, electricidad, agua, telecomunicaciones) y rescate de hallazgos arqueológicos. Estos últimos incluso pueden tardar años.

“Si a todo esto se suma la práctica de algunos organismos públicos de no recibir ni cancelar obras ya terminadas, no es raro que nuestra industria lo pase mal cuando se producen crisis”, sentenció Carlos Zeppelin.

CAMINOS DE ACCIÓN

“Crear un clima y una institucionalidad propicios para el desarrollo de proyectos de inversión y para mejorar la productividad de la construcción requiere de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Y para ello, no es necesario partir de cero”, dijo el presidente de la CChC.

El ejecutivo dio tres ejemplos: “Hay que utilizar los ejercicios de planificación de largo plazo que hacen prácticamente todos los gobiernos en materia de infraestructura y que después no se usan. También, implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad para resolver problemáticas de la construcción y elevar su productividad; y nosotros mismos acabamos de terminar una propuesta para mejorar los reglamentos de inversión de obras públicas”.

“El desafío es mayor. Implica cambios culturales en el Estado y en las empresas privadas, pero el resultado beneficiará a toda la sociedad”, concluyó Errázuriz.