PROPUESTA MODIFICACIÓN VIGENCIA Y CADUCIDAD PERMISOS DE EDIFICACIÓN

26 / 05 / 15

El pasado 15 de mayo, enviamos a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, una carta con el fin de dar a conocer nuestro desacuerdo con la propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la cual fija plazos perentorios y arbitrarios de caducidad de los permisos de edificación, lo que podría provocar graves consecuencias en la actividad del sector construcción.

En el documento manifestamos que si bien compartimos los fundamentos que motivaron la creación del Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, la medida que se pretende implementar no apunta a inhibir prácticas sancionables, ya que en la obtención de los permisos de edificación no es posible incurrir en alguno de estos delitos, debido a que no genera la posibilidad de obtener ganancias producto de cambios futuros de los planes reguladores, mientras que la propuesta de la autoridad sí podría provocar conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción en la medida en que entrega a las DOM el control discrecional del estado de avance de los proyectos.

Además la propuesta desconoce que la actividad inmobiliaria existe porque los permisos de edificación entregan plena certeza al desarrollador de que podrá llevar a cabo el proyecto para el cual fue autorizado, certeza que se mantiene desde el otorgamiento del permiso hasta la recepción final del inmueble. Asimismo, en la práctica, resulta imposible prever con certeza la fecha de término de una obra.

Por otro lado, cuando se solicita un permiso de edificación, el desarrollador ya ha invertido el 25% o incluso más del costo total del proyecto, tanto en la compra del terreno como en el estudio y diseño del mismo, por lo que su mayor interés es concluir la obra cuanto antes para poder recuperar y rentabilizar su inversión.

Es por estas razones que, de acuerdo a la normativa actual, la caducidad de los permisos de edificación solo opera por motivos fundados: es decir, a los tres años de otorgados y siempre que no se hayan iniciado las obras o que permanezcan paralizadas por igual período.

Debido a lo anterior es que nos reunimos la semana pasada con las autoridades del Minvu donde se concluyó que la División de Desarrollo Urbano (DDU) realizará una nueva consulta sobre este tema a las distintas entidades involucradas como la ADI, AOA, Revisores Independientes, Asociación de DOM, Defendamos la ciudad y la CChC, entre otras, con el fin de perfeccionar el documento.

Como Cámara seguiremos trabajando por defender nuestra postura ya que esta modificación afecta de manera relevante el sector y la inversión privada.

Jorge Mas Figueroa.

Presidente

Cámara Chilena de la Construcción.