Sentencia por mal uso de 2 viviendas sociales marca precedente y gestionan ley para devolver inmuebles

En diciembre de 2010 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tipificó en cada una de las escrituras de viviendas sociales el impedimento de vender, arrendar, enajenar o darle cualquier otro fin que no sea el de ocupar las instalaciones que se entregaban bajo el antiguo Decreto Supremo N° 174 y ahora dentro del nuevo DS-49. Esto, ponía en valor la necesidad de darle buen uso a este beneficio que hace acreedores a familias vulnerables de un bien avaluado en cerca de $12 millones y por el que ahorraron poco más de $230 mil.

Pese a esa advertencia explícita, en los últimos cuatro años se han seguido realizando malas prácticas que evidencian el mal uso de este tipo de residencias, comprobando abandono y arriendo, a través de las fiscalizaciones que realiza Serviu. Prueba de ello es que a mediados de 2012 se interpusieron 19 demandas para igual número de familias de Tongoy (15) y Ovalle (4).

Dos años después, el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo falló a favor del organismo estatal y sentenció que dos familias del conjunto Tongoy Naciente deberán restituir $9 millones cada una (373 UF), lo que marca un precedente judicial no sólo para los otros casos que están en juicio, sino que también para quienes actualmente no están haciendo uso de este beneficio estatal.

El seremi del Minvu, Erwin Miranda, en reunión con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena, a quienes les anunció que valora esta medida. “Se ha sentado un precedente sobra la mala utilización de los recursos fiscales, específicamente sobre estas dos familias de Tongoy, quienes deberán restituir este subsidio, ya que las viviendas asignadas nunca fueron ocupadas”, precisó.

Miranda anunció que habrá un incremento en las fiscalizaciones. “Vamos a incrementar las fiscalizaciones, ya que la necesidad habitacional en la zona es alta y si no se están usando, creemos pertinente quitar el beneficio”, indicó.

¿DEVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA?
Hoy la ley establece que en caso de haber un fallo judicial por mal uso de viviendas sociales, sólo se debe devolver el monto del subsidio y no la vivienda. Eso sólo genera réditos para el Estado, porque el dinero se va a las arcas fiscales y no queda en la región, por ello se anunció la agilización de una nueva normativa que permita restituir los inmuebles. “Vamos a seguir gestionando como Ministerio de Vivienda y Urbanismo la Ley de Cobro Ejecutivo que permita recuperar las viviendas para así asignárselas a gente de la zona que realmente las necesite”, manifestó Erwin Miranda.

Desde la CChC La Serena fueron enfáticos en promover la justicia social. “Hoy cuesta mucho construir viviendas sociales por los altos costos asociados a los proyectos, sin embargo, creemos pertinentes que se les quite el beneficio a aquellos que no están haciendo uso de él. Esto, porque la vivienda es la principal herramienta de promoción social y mejoramiento de la calidad de vida de las familias”, especificó el presidente del gremio, Freddy Bermúdez.

Bermúdez llamó a erradicar estas malas prácticas a través de una inspección permanente. “Entre los antecedentes que manejamos, al menos dos de cada 10 familias a las que se le entrega una vivienda social hace un mal uso de ella, lo que fue corroborado hace dos años con la entrega de un informe del Minvu que evidenciaba que la Región de Coquimbo era la segunda zona del norte de Chile con mayores índices de mal uso de este tipo de residencias”, finalizó el dirigente.