Critican al Plan Regulador Intercomunal de Elqui por otorgar baja densidad y limitar edificación en altura

Una dura batalla deberá librar en las próximas semanas el Plan Regulador Intercomunal (PRI) Elqui en el seno del Consejo Regional, cuando sea sometido a evaluación, toda vez que los análisis preliminares hablan de la disconformidad de distintos estamentos públicos y privados del proyecto que desarrolla la consultora Habiterra y que fue mandatado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Gobierno Regional de Coquimbo.

Uno de los organismos que ha seguido de cerca la evolución de la iniciativa es la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena, cuyos integrantes invitaron al consejero regional, Marcelo Castagneto, para compartir impresiones y aclarar los alcances que tendría este nuevo marco regulatorio provincial por el que el Minvu y el Gore destinaron $120 millones.

Eso sí, tras el encuentro, se posó un manto de dudas entre quienes trabajan en el ámbito de la planificación territorial, ya que el diagnóstico del proyecto no fue bueno. Entre las principales críticas se encuentra la densidad y la altura de las construcciones, aspectos fundamentales al momento de evaluar el crecimiento inmobiliario de las ciudades.

Marcelo Castagneto, arquitecto que posee más de 30 años de trabajo como urbanista, fue tajante: “La densificación que establece el PRI Elqui es como ponernos una soga al cuello, ya que establece que por cada hectárea se disponga de 90 habitantes, lo que limita el poblamiento”, aseveró. Incluso infirió que se deberá modificar la política de vivienda social. “La densidad por hectárea es tan baja que el Minvu no tendrá espacios para construir condominios, asumiendo el elevado precio que tiene el suelo, debiendo buscar nuevos terrenos alejados de los centros urbanos como Las Rojas o Huachalalume. Creo que deberá cambiarse la política de viviendas sociales”, agregó el profesional.

Y Castagneto habla con base, pues de acuerdo al artículo N°55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no se pueden generar asentamientos fuera de los límites urbanos, debiendo la Seremi de Agricultura visar el cambio, previo informe de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

De acuerdo a la consultora Habiterra, que desarrolla la iniciativa, la conurbación tendría casi 16 mil hectáreas para residencia –donde a La Serena le corresponderían 9.000 y a Coquimbo 6.900-. “Entre las áreas de expansión de la primera comuna se encuentra Rinconada de El Sauce, San Ramón y Pan de Azúcar, mientras que la segunda puede seguir creciendo hacia Ceres, Algarrobito y Altovalsol”, explicó Pablo Guzmán, jefe de proyectos de la firma.

CIUDAD CHATA
Dentro de la edificación de zonas de extensión urbana, el PRI considera 8 zonas con un máximo de tres pisos, una con dos pisos y otra con cinco. A juicio de Marcelo Castagneto, se promueve una “política de ciudad baja y chata”. “Pareciera que queremos tener una ciudad donde no queremos vivir (…) Algunos alcaldes han enfatizado en esa norma y se ha demonizado el ámbito inmobiliario”, acotó.

Al respecto, el presidente de la CChC La Serena, Freddy Bermúdez, fue más cauto y estableció que son los organismos pertinentes los llamados a evaluar el proyecto. “Como gremio nos interesa el ordenamiento territorial, ya sea comunal e intercomunal, debido a que ello permite planificar las inversiones, proponer ideas y saber a qué escenario atenernos”, especificó.

LOS EFECTOS DEL TÚNEL
Mucho se ha discutido acerca de que si el proyecto de Túnel de Agua Negra incidirá en la calidad de vida de la provincia. ¿Cómo será el tránsito por la Ruta D-41? ¿Será expedito el desplazamiento hacia el puerto de Coquimbo? Estas interrogantes tienen inquieto a Castagneto. “Creo que el PRI Elqui queda chico ante esos desafíos, porque posee una mirada de corto plazo”, puntualizó.

Pablo Guzmán, de Habiterra, piensa diferente y explicó que este tipo de instrumentos se idean para 20 o 30 años, por lo que “el stock de superficie dispuesto excede todas las potenciales demandas con alrededor de 31 mil hectáreas de extensión que incluye áreas reguladas por los planos comunales”.

Luego de verse en el Consejo Regional, será Contraloría quien tome razón y emita su sanción a la iniciativa. La región posee otros dos PRI, el de Limarí que está precisamente siendo evaluado en Contraloría, y el de Choapa, que se encuentra en etapa de proyecto.