Hospitales concesionados: mitos y realidades

Se ha dicho que resultan más caros y tardan más en ser construidos, que los médicos dejan de estar a cargo de las atenciones, que son una forma de privatizar la salud y que los contratos establecen condiciones perjudiciales para el fisco. Declaraciones como éstas son parte del repertorio de inexactitudes que se ha querido instalar ante la alternativa de construir nuevos hospitales concesionados.

Planteamientos que se esgrimen en un país que cuenta con menos de la mitad de las camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes que el promedio de los países OCDE, donde gran parte de los recintos tiene más de 30 años de antigüedad –y mucho equipamiento obsoleto– y donde hay un déficit cercano a los US$ 5.500 millones en infraestructura hospitalaria para los próximos 10 años.

Sin embargo, el plan de infraestructura pública dado a conocer hace unos días por el gobierno no incluye ninguna concesión en Salud. Las autoridades del ramo han dado de baja este mecanismo, por lo que han retirado seis proyectos hospitalarios de la cartera de concesiones y no tendría cabida en el desarrollo de los 60 hospitales que debieran quedar construidos o en vías de construcción en los próximos cuatro años.

Por desgracia –para el país y los usuarios de la salud pública– esta decisión parece mucho más fundada en mitos que en la realidad.

En materia de costos y plazos, se han escuchado diversas opiniones. Por nuestra parte, hemos presentado un estudio que muestra que el costo promedio de un hospital concesionado es 13% inferior al de un recinto construido con fondos sectoriales y demora 12% menos en su construcción. Cabe agregar que los hospitales retirados del programa de concesiones (Marga Marga, Quillota-Petorca, Curicó, Linares, Chillán y Sótero del Río) tendrán un retraso adicional de al menos un año por la postergación del inicio de su construcción.

Los hospitales concesionados tampoco ponen en riesgo la relación médico-paciente, ya que ninguno de estos contratos incluye entre los servicios a proveer aquellos relacionados con la atención médica o de contacto directo con los pacientes.

Y sobre la eventual privatización de la salud, esta expresión no pasa de ser un eslogan. De hecho, el concesionario no recibe ningún ingreso relacionado con la atención a los pacientes. Sí entrega servicios de apoyo –como alimentación, aseo, estacionamiento, seguridad y administración financiera–, muchos de los cuales ya han sido externalizados en los hospitales públicos y son provistos por privados. En la práctica, existe y ha sido positiva la convivencia entre el proveedor privado y los profesionales y técnicos de la salud.

Para el fisco, las concesiones le permiten diferir los pagos por la construcción de cada hospital, los que comienzan a hacerse efectivos solo cuando ha iniciado su operación. También tiene asegurada la conservación de la infraestructura, el mantenimiento y la renovación oportuna del equipo médico y mobiliario clínico y la reposición de todo ello en caso de catástrofe, sin costo para el Estado.

Así, las personas –cuyo bienestar debiera ser el objetivo de toda política pública– obtienen más y mejor infraestructura para su atención y equipamiento de primer nivel, que no se deja deteriorar con el paso del tiempo.

En la actualidad están en operaciones solo los hospitales concesionados de La Florida y de Maipú. Ambos llevan menos de 8 meses funcionando. Tomarlos como modelos, ya sea para bien o para mal, es apresurado. Se debe observar la construcción del primer hospital concesionado de regiones (en Antofagasta) y lo que ocurra con los dos últimos recintos adjudicados (Salvador Geriátrico y Santiago Occidente).

Pero el trabajo conjunto entre el sector público y el privado debe seguir siendo una alternativa eficiente para que el país enfrente sus déficits en infraestructura, donde la salud es y será una prioridad acuciante. Por ello, sería esperable que se genere un diálogo amplio y constructivo en torno a este tema. Mientras mayor sea la información disponible, mejores serán las decisiones que se tomen.

Daniel Hurtado Parot

Presidente

Cámara Chilena de la Construcción

El trabajo conjunto entre el sector público y el privado debe ser una alternativa para enfrentar el déficits en infraestructura.