Proponen Agencia Nacional de Infraestructura que dé autonomía a regiones para disponer de recursos

Uno de los propósitos que tuvo el IV Convenio de Programación MOP – Minvu – Gore firmado en noviembre de 2007 en Ovalle, era el de definir una hoja de ruta de inversión y establecer responsables para asignar recursos por más de $350 mil millones en obras de infraestructura para la Región de Coquimbo. En palabras simples, el Gobierno Regional se encargaría de los estudios y los ministerios de la ejecución en un plazo tope al año 2013.

Sin embargo y pese a los esfuerzos del aparato público, fueron muy pocas las iniciativas que se lograron materializar debido al engorroso sistema de evaluación que posee el Estado y que demora en varios años la concreción de proyectos que un determinado territorio necesita. Es el caso del Eje Cisternas – Las Torres que, de haberse cumplido los tiempos, ya sería una alternativa vial entre La Serena y Coquimbo o el caso de la Ruta D-43 que une Ovalle y la comuna puerto que debiera asignar un nuevo estándar vial a la zona. En el primero ni siquiera se ha puesto la primera piedra y en el segundo recién la empresa adjudicataria ha tomado control del terreno.

Asumiendo que los tiempos de desarrollo poblacional no van de la mano con el estructural, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) elaboró una propuesta de Infraestructura en la que señala la necesidad de crear una Agencia Nacional que permita asignar autonomía a las regiones para disponer de recursos, disminuyendo los tiempos de espera entre que nace una idea hasta que termina.

“Es necesario contar con mecanismos institucionales que velen por que las acciones previstas se ejecuten en los plazos adecuados y haya una revisión continua de acuerdo a objetivos regionales. Proponemos una entidad autónoma de los gobiernos de turno, tipo Banco Central, que evalúe las acciones, mida avances, dé soluciones ante dificultades y alerte sobre costos y beneficios de determinado proyecto”, indicó Freddy Bermúdez, presidente de CChC La Serena.

Históricamente se ha evidenciado que las carteras de inversión no logran “encajar” en los presupuestos anuales de cada ministerio, provocando un desfase financiero que genera arrastre para el siguiente ejercicio. “Ha quedado demostrado que con los fondos sectoriales no alcanza, de allí que el desafío sea incorporar dichos proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como política de futuro y largo plazo”, explicó el presidente nacional del Comité de Infraestructura de la CChC, Carlos Zeppelin.

Y los datos ya están sobre la mesa, pues el 75% de los recursos disponibles para desarrollar este sector se deciden a nivel central. La idea del gremio constructor es que se potencien los gobiernos regionales y se transfieran a regiones recursos humanos y técnicos para identificar las falencias estructurales in situ.

Precisamente ese rol de “gerente” vendría a ocupar la Agencia de Infraestructura, la que dentro de sus roles sería buscar financiamiento con entidades públicas y privadas de Chile y el extranjero. “La disponibilidad de una infraestructura adecuada hace que la gente perciba que el progreso económico del país los favorece directamente, además que es clave para producir integración social y calidad de vida”, apuntó Bermúdez.

MÁS PROPUESTAS
El PIB de la Región de Coquimbo dio un salto importante en los últimos cuatro años, pasando de los US$3.700 millones de 2009 a los US$6.200 millones el año pasado, representando hoy el 3% la economía del país. En definitiva, un país más rico, no obstante, la Cámara Chilena de la Construcción ve con cuidado que el Estado deje de lado a los privados.

“A la fecha el sector privado ha invertido más de US$16.000 millones en autopistas, aeropuertos, cárceles, obras de riego, entre otras. Hoy es posible extender las redes a caminos secundarios, aeródromos y proyectos deportivos y turísticos, pues por mucho que el Estado chileno cuente con mayores recursos que antes, el sistema de concesiones debiera seguir siendo relevante, más aún si hoy como país presentamos un déficit de infraestructura del orden de US$58.000 millones”, precisó Freddy Bermúdez.

Asimismo, se estableció un parámetro para que la regla fiscal de asignación de recursos a este ítem se eleve del 2,5% del PIB al 3,5%. Además, se pidió una actualización de las metodologías de evaluación social, donde actualmente las zonas con menor población carecen de iniciativas porque no son rentables, generando una postergación muy significativa.