Reforma Tributaria y vivienda: gran golpe a la clase media

Jorge Dahdal Casas-Cordero, presidente regional CChC

Una de las razones que motivó la fundación de la Cámara fue la voluntad de los empresarios de promover el acceso de los chilenos a la vivienda. Por ello un eje central del trabajo gremial ha sido impulsar políticas públicas de vivienda, en el entendido de que se trata de un bien social.

Dicho objetivo social es aún necesario dado que el 80% de los chilenos forman parte de la clase media y la mitad de ésta, seis millones de personas app., integra la clase media vulnerable: familias que sin el apoyo de políticas públicas no podrán seguir superándose.

De ahí que para promover la adquisición de una vivienda el Estado haya desarrollado diversos instrumentos, como la Política Habitacional y un IVA diferenciado. Pero hoy vemos cómo esa política que posibilitó el acceso a la casa propia de millones de chilenos, está amenazada.

En efecto, el proyecto de ley de Reforma Tributaria acaba con ella: la vivienda dejará de ser un bien social y pasará a ser un bien de consumo cualquiera, pues los nuevos compradores deberán pagar IVA. Una vivienda de $50 millones de valor neto (descontado el valor del terreno), por ejemplo, deberá pagar un IVA de $9.5 millones.

Es decir, si una persona compra una vivienda nueva, deberá pagar adicionalmente el 19% del precio de venta final de la misma, descontado el valor del terreno. Con ello, el impacto mayor se registrará en viviendas de entre 1.000 y 4.000 UF, precisamente el espectro de la clase media, cuyo precio final aumentará en torno al 13%

De esta manera, el pago del IVA por la compra de viviendas nuevas y la anulación del crédito especial, constituyen una medida regresiva porque el mayor aumento porcentual del precio final se producirá en el segmento de las de menor valor, dificultando el acceso al crédito hipotecario.

En términos prácticos: a una familia que compra hoy una vivienda de 2.000 UF con 90% de crédito hipotecario y a 12 años, el sistema le exige un ingreso mínimo familiar de $1.660.000, un pie de 200 UF y dividendos de 17.4 UF, esto es $415.000 mensuales. Si se realiza la modificación planteada, la vivienda de 2.000 UF subirá a 2.260 UF, el ingreso mínimo exigido aumentará a $1.875.000, el pie a 226 UF y el dividendo a 19.6 UF, es decir a $468.500 mensuales.

En resumen, deberá pagar $624.000 extras como pie y $53.500 mensuales adicionales durante 12 años. Nada menos que el equivalente al pago de toda la Educación Básica y Media de un hijo en un colegio subvencionado que cobre 10 colegiaturas de $64.000 al año. Sin duda, será un gran golpe a la clase media.