Reforma Tributaria y viviendas

Opinión Presidente Regional CChC, Jorge Dahdal Casas-Cordero

Como gremio reconocemos que como país debemos ser capaces de tener una mejor educación, porque sólo así podremos dar un salto al desarrollo, y para ello por cierto que es necesario destinar más recursos. Pero al mismo tiempo nos preocupa el efecto que la reducción del IVA a la vivienda tendrá en las familias que aspiran a adquirir una casa o departamento cuyo costo de construcción fluctúe entre las 2.000 UF y las 4.500 UF, segmento que perdería este beneficio.

La CChC estima que el costo de construcción para las viviendas aumentará entre 6% y 8% y que es muy probable que éste mayor costo sea traspasado íntegramente al precio final de las viviendas, por lo que éstas tendrían un aumento de precio en una proporción que podría llegar a ser incluso mayor.

Sobre todo en nuestro rubro, subir los tributos es generar más presión al alza de los precios, ya que en el último tiempo se nos ha disminuido la franquicia del crédito especial del IVA, se acotó el DFL2, aumentaron las remuneraciones de los trabajadores, subió el valor del suelo y, con el terremoto, se han incorporado normas técnicas que encarecen la construcción.

Así, hoy es más caro construir, por lo que nuevos tributos harían mayor esta alza de costos, lo que afecta a todas las personas ya que la vivienda es un bien de primera necesidad. A ello hay que agregar los bancos han aumentado sus exigencias a la hora de financiar créditos hipotecarios, en atención a señales de desaceleración de la economía.

Para evitar que se produzca este efecto perjudicial en las familias, la Cámara ha propuesto desde hace años que la compra de una vivienda sea considerada una inversión –y no un gasto– y que, por lo mismo, el IVA sea devuelto íntegramente a los nuevos propietarios, sin que las inmobiliarias se vean involucradas en esta intermediación.

A nuestro juicio, ello es completamente razonable si se piensa que en Chile la vivienda es el mayor componente de la riqueza familiar y constituye la principal garantía de los créditos otorgados por el sistema financiero. Y que desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos, su vida útil fluctúa en torno a 45 años.