La permanencia y el cambio en las ciudades

Un barrio no puede ser nunca solo “mi” barrio. Debe ser también el barrio de otros. O sea, de los que están y de los quieren permanecer. Pero, asimismo, de los que anhelan un cambio, de todos aquellos que tienen el legítimo derecho a buscar –y ojalá encontrar– en ese barrio un nuevo hogar.

De eso se trata cuando hablamos de densificar. De actividad inmobiliaria, obvio, aunque ésta no es más que la intermediación de la demanda de quienes aspiran a tener nuevas oportunidades de localización. De familias que buscan disfrutar ojalá de lo mismo que otros ya disfrutan: conectividad, equipamientos, servicios, espacios públicos. Un nuevo centro desde el cual comenzar a hacer una mejor vida.

¿Quién tiene derecho a negárselo? Nadie.

Por cierto que la sociedad debe proteger aquello a lo cual le atribuye valor patrimonial. Eso está fuera de discusión. Al igual que se definan condiciones que regulen y orienten los procesos de densificación en los barrios. Sin embargo, cada cual no puede pretender la inmutabilidad de su entorno ni se debe hacer del congelamiento urbano una práctica de uso común. Menos en ciudades que crecen y seguirán creciendo, tal como la demanda habitacional. En el caso del Gran Santiago, se estima que al año 2025 deberá incorporar 650.000 nuevas viviendas, de las cuales el 72% serán departamentos. Darles cabida a todas esas personas en condiciones adecuadas no es una elección. Es una obligación.

Estamos frente a un proceso que ha generado y seguirá generando tensión. Tal vez sea inevitable. Pero bien encausado, sus impactos pueden mitigarse.

Un gran avance es la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que contribuimos a elaborar junto con representantes de múltiples sectores y que actuará como guía para la evolución de nuestras ciudades. El desafío de las actuales autoridades es nada menos que llevarla a la práctica. También hemos promovido que se aborde el problema del desgobierno de las áreas metropolitanas –para generar una verdadera coordinación intercomunal– y la obsolescencia de los instrumentos de planificación. Por ejemplo, para que los planes reguladores se elaboren con participación ciudadana oportuna y efectiva. No tardía y “por cumplir” como hasta ahora.

Creemos además en los beneficios sociales de densificar en torno a las estaciones de Metro y la infraestructura de transporte de alto estándar y que los desarrollos inmobiliarios se hagan cargo de los impactos negativos que provocan, particularmente en materia vial. Así lo hemos propuesto y es un principio que fue recogido en el proyecto de ley de aportes al espacio público que está en el Congreso.

Iniciativas como éstas podrían ir redefiniendo la relación entre vecinos e inmobiliarias, siempre en el marco del pleno respeto a la ley.

Daniel Hurtado Parot

Presidente

Cámara Chilena de la Construcción

Un barrio debe ser de los que están y de los quieren permanecer. Pero también de todos los que tienen el derecho a buscar un nuevo hogar.