Política regional de vivienda de largo plazo

La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Casen 2015, relacionados a vivienda y entorno. Si bien en Atacama se evidencia un cierto avance en términos de disminución de déficits cuantitativos y cualitativos de viviendas (en el primer caso bajó de 9 mil en 2013 a 8 mil 300 en 2015; y en el segundo de 23 mil a 21 mil en comparación con los mismos años), hay otros indicadores analizados en el informe que, sumado a la de falta de viviendas, demuestran que hay mucho por hacer todavía.

Una de las cifras que más llama la atención es el explosivo aumento de allegados; si en 2009 representaban un 18,9% del déficit cuantitativo, en 2015 superó el 50%. Si a esto le sumamos la aparición de tomas y campamentos, supone un tremendo desafío para Atacama.

Pero para comprender este fenómeno tendríamos que retroceder un poco. En los tiempos del boom del cobre (2010-2011), existió una ola de inmigración -tanto de otras ciudades como de otros países- en nuestra región bastante importante. Las distorsiones se produjeron porque la ciudad no estuvo preparada para esa carga demográfica, lo que se reflejó en varias áreas, siendo una de las más visibles “vivienda”.

Un Plan Regulador Comunal que se ha ido apretando cada vez más y una falta de concordancia entre los valores que se pagaban por subsidios para viviendas sociales y el valor real que existía para construir en Atacama, fueron algunas de las problemáticas que tuvieron prácticamente congelada la construcción de soluciones habitacionales. En Vallenar, por ejemplo, este 2016 se inauguró el primer conjunto de viviendas sociales después de 7 años. Así, la aparición de tomas y campamentos -sumado a otras variables-, son una consecuencia.

Las lecciones que se deben sacar es que necesitamos una política regional de vivienda de largo plazo, que incluya las características regionales, que se relacione con el desarrollo del territorio (Planes Reguladores actualizados) y que también considere el entorno, entendido como el acceso a servicios y la integración a la ciudad. Una posible reactivación de la minería, que según expertos podría ser en 2018 ó 2019, no sólo debe ser proyectada desde un punto de vista económico, sino que también urbano. Es el momento para adelantarnos a futuras problemáticas, que hoy estamos sintiendo.