Frenar la infraestructura es frenar el bienestar

Por Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G (Copsa).

Contar con infraestructura de calidad es parte de las causas y no de las consecuencias del desarrollo. A través de la infraestructura hemos logrado acortar distancias; reducir riesgos y/o mitigar impactos ambientales, sociales y económicos, entre otros muchos logros civilizatorios. Estos aspectos son particularmente relevantes en un país como Chile, dotado al mismo tiempo de múltiples riquezas y oportunidades, pero distribuidas a lo largo y ancho de una accidentada geografía, con una amplia diversidad climática y particularmente alejada del resto del mundo.

La infraestructura nos acerca entre nosotros y con el mundo. Todo aquello que creamos, producimos y exportamos puede llegar en tiempos y costos competitivos a los centros de consumo, gracias a una sostenida inversión en caminos, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. Adicionalmente, es infraestructura también la que acerca la educación, la salud y las oportunidades a los más alejados rincones de nuestro país.

Dada esta multiplicidad de beneficios sociales que dependen de la infraestructura y de la centralidad que muchos de ellos tienen para la calidad de vida de las personas, es que la estrategia de desarrollo del país no puede estar desacoplada de la estrategia de infraestructura.

Abordar dicha tarea con una mirada de Estado es un imperativo tanto por la cuantía y duración de los proyectos involucrados, como por los efectos que dichas obras conllevan.

La permisología

Lamentablemente, problemas políticos, sociales y económicos de diversa naturaleza ha ralentizado (cuando no detenido), el ritmo otrora sostenido de expansión de infraestructura en el país.

Dicho proceso, no es casualidad, correlaciona con la ralentización del crecimiento y de la expansión del bienestar social e individual. Así las cosas, llevamos más de una década sin proyectos de la envergadura e impacto de los que acometimos en décadas anteriores y ese letargo se ha traducido en una disminución equivalente de indicadores clave de desarrollo para el país.

Revertir este estado de las cosas requiere de un diagnóstico adecuado y de un impulso acorde en la decisión de las autoridades. La buena noticia es que ambos factores han tendido a alinearse en los últimos años, la mala noticia, empero, es que ni la decisión ni el empuje parecen ser ahora suficientes. Proyectos que hace unas décadas tomaban cinco o 10 años en llevarse a cabo, tardan 10 a 15 años en siquiera iniciarse. La ruta que se debe recorrer para convertir una idea en proyecto y un proyecto en obra es más compleja, más larga, más incierta y por supuesto más costos a que hasta hace poco.

En este fenómeno intervienen muchas variables, algunas propias del crecimiento y sofisticación de las necesidades y demandas de la población, pero muchas otras son más bien fruto de la desidia, duplicidad, falta de diligencia y/o de sentido de propósito de actores concretos.

Este fenómeno es al que nos referimos cuando hablamos de permisología, como una forma de señalar la proliferación de trámites y trabas que han crecido al alero de las nuevas inversiones y proyectos.

Cabe distinguir el término de los necesarios controles a los que todo proyecto debe ser sometido para verificar su idoneidad; legalidad; medir sus impactos y contener sus externalidades negativas. Sin embargo, la falta de organicidad en las funciones distribuidas entre múltiples agencias, con criterios encontrados y entre las jerarquías suelen desatenderse o vulnerarse, hace que demasiados problemas de atribución y apreciación terminen escalando a instancias jurisdiccionales o derechamente ahogando las iniciativas.

Un llamado urgente

Una columna no es el espacio para abordar en detalle todos y cada uno de los problemas a los que aludimos con este concepto, pero si lo es para hacer un llamado urgente y sincero a las autoridades, a los parlamentarios, a la academia y a la opinión pública en general respecto a que no es posible seguir pensando en proyectos ambiciosos en términos de innovación, calidad y envergadura si no somos igualmente exigentes y ambiciosos para con la gestión estatal y la dotación de sus agencias.

Seguir poniendo requisitos-para la parte pública o la privada- sin acompañarlos de los recursos económicos, humanos y tecnológicos acorde, inflama las promesas al tiempo que desinfla la capacidad para cumplirlas y no vivimos tiempos en los que podamos seguir estirando la cuerda de la frustración social hasta el infinito.

Es momento de tomarnos en serio nuestros sueños y alinear las herramientas con las palabras y los recursos. Frenar la infraestructura es frenar el desarrollo y frenar el desarrollo es condenar a las nuevas generaciones a vivir en peores condiciones que aquellas a las que ahora les toca decidir y actuar.