Divisiones prediales: el síntoma de una enfermedad crónica y profunda

En los últimos dos años las solicitudes por subdivisión de predios rústicos (SPR) aumentaron al doble: de 10.000 en 2019 a 20.000 en lo que va de este 2022. La cifra, entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), da cuenta de la relevancia de un tema que ha estado muy presente en la agenda de las últimas semanas: el aumento de las parcelaciones en algunas regiones y las medidas que empieza a aplicar la autoridad para evitar lo que ha llamado “urbanización escondida”.

Se trata, sin duda, de una materia que debe ser abordada y resuelta con sentido de urgencia, para lo cual es importante una primera consideración: el uso de terrenos rurales para fines habitacionales es una demanda ciudadana, que nace del legítimo interés de muchas familias por vivir en condiciones distintas a las que ofrecen las ciudades, con más espacios abiertos y en contacto con la naturaleza.

Una demanda que, por lo demás, no ha encontrado una respuesta adecuada, con lo cual se ha convertido en el síntoma de un problema de mayor profundidad, que se explica por tres factores:

Primero, un ineficiente modelo de planificación urbana que no facilita, sino que, al contrario, dificulta el acceso de las personas a una vivienda.

Factores como la sumatoria de restricciones a nivel comunal para el desarrollo de proyectos habitacionales en espacios donde la gente prefiere vivir, han hecho que el precio del suelo en esos lugares se multiplique, lo que se traduce en un mayor valor de las viviendas, impagable para muchos. Privados de la posibilidad de tener una vivienda en la ciudad, muchas familias buscan una alternativa más allá de los límites de esa planificación que las excluye.

Segundo, la pandemia y la masificación de los sistemas de trabajo y educación a distancia, que han motivado una fuerte migración de la ciudad a las regiones y que anticipan que estamos ante un fenómeno que seguirá creciendo con el paso de los años.

Y finalmente, el tercer factor es la falta de un ordenamiento territorial que no contraponga, sino que articule el desarrollo urbano y rural y resuelva la notable debilidad que hoy existe a la hora de regular la ocupación del territorio que se extiende fuera de los límites urbanos.

La subdivisión predial no es el problema de fondo. Lo es la falta de planificación frente a una creciente demanda de espacio y de definición de estándares para mitigar los impactos que esto genera, desde los propiamente ambientales hasta la demanda a los municipios por la provisión de infraestructura y servicios básicos, con los altos costos de ello implica.

Estas son las variables de las que hay que hacerse cargo. Y para ello resulta necesario avanzar en el perfeccionamiento regulatorio, precisar estándares de urbanización tanto en el campo como en la ciudad y, sobre todo, tomar medidas a corto plazo para conciliar el cuidado del medio ambiente con los proyectos de vida de un creciente número de familias.

Corresponde a las autoridades aplicar los mejores modelos de planificación, considerando cuáles son los instrumentos más adecuados y cuáles han quedado obsoletos.

No obstante, esta tarea solo podrá ser abordada en plazos razonables si existe colaboración. Como gremio, ofrecemos toda nuestra disposición y capacidad técnica para afrontar este desafío y, sobre la base del diálogo y la construcción de acuerdos, ayudar a que el país cuente con una regulación que esté a la altura de los tiempos y responda a distintas y legítimas demandas ciudadanas.

Claudio Nitsche, Vicepresidente CChC.