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Desalojos “vip”: ¿y los privados, cuándo?

20 / 09 / 22

Hace algunas semanas, vimos en todos los canales de televisión cómo decenas de carabineros, acompañados de maquinarias de diversa envergadura, llegaban a desalojar una toma “vip” en la zona sur de Antofagasta. Segundas viviendas, muchas de ellas con dos pisos, piscinas y vista al mar, se habían construido de manera ilegal, en terrenos que pertenecían al Estado y que no estaban aptos para su habitabilidad.

No es la primera vez que ocurren situaciones de este tipo y el Ministerio de Bienes Nacionales actúa con celeridad. Me parecen destacables los esfuerzos que se realizan para derribar estas tomas ilegales en todo Chile, pero esperaría la misma eficiencia y rapidez en el caso de tomas de terrenos privados.

Se calcula que en nuestro país hay más de 450 ocupaciones ilegales, muchas de ellas emplazadas en terrenos que son de privados. Tomas que se llevan a cabo desde los años 50 y que, lamentablemente, se han incrementado en el último tiempo, haciéndose cada vez más difíciles de desalojar. Producto del encierro a raíz de la pandemia de Covid-19, grupos familiares que compartían casas se dividieron, arribando -algunos de ellos- a tomas o campamentos. Situación similar a la que han enfrentado algunos de los miles de inmigrantes que han llegado los últimos años a nuestro país (alrededor de un millón), quienes se han instalado en ocupaciones irregulares a lo largo de todo Chile.

Como constructor, me parece importante abordar el tema desde su raíz y concentrarlos esfuerzos en darle una solución habitacional a las familias, por ello celebro la conformación de un Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, convocado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para atacar el déficit de 650 mil viviendas a nivel país, según datos entregados por el gobierno.

Pero actualmente, los privados se encuentran completamente indefensos frente a las ocupaciones irregulares de sus terrenos, las cuales obedecen, en parte, a la insuficiente solución habitacional, y a las crecientes restricciones en los planos reguladores, que hacen cada vez más costosos los terrenos y viviendas, tanto públicos como privados. Sabemos que es un tema complejo, pero también una preocupación creciente para los dueños de estos espacios, que reclaman mayor protección cuando su única opción es acudir a instancias judiciales.

Junto con respuestas de largo plazo para las familias que hoy se encuentran sin un lugar donde vivir, sería esperable que, tal como ocurre en el caso de los terrenos estatales, se pudiera actuar con rapidez y eficiencia cuando las víctimas de estos delitos son privados. Los derechos de los ciudadanos sobre sus terrenos son tan importantes y defendibles como los del Estado.

Juan Armando Vicuña, ex vicepresidente de la CChC