Nos encontramos en un
momento decisivo para el futuro inmediato de nuestra región. Mientras el
Congreso avanza en la discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, las
regiones observamos con cautela el rumbo del gasto público, en un escenario
nacional marcado por un ajustado incremento fiscal derivado de más de una
década donde el aumento del gasto no ha sido acompañado por un crecimiento
económico equivalente.
Sin embargo, en Aysén el
desarrollo no admite pausas ni postergaciones. En este contexto, recibimos como
una alentadora noticia el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la
Asociación de Gobernadores Regionales, que permitió revertir el recorte
presupuestario que se pretendía aplicar a estos organismos. Ahora, el desafío radica
en convertirlos en obras concretas, dinamismo económico y bienestar social.
Sin embargo, en el contexto
de la discusión del presupuesto nacional 2027 nuestro gremio ha advertido ajustes
planteados en otras áreas claves para la región, nos referimos a las
indicaciones detalladas en la glosa presupuestaria asociada al programa de
vivienda social D.S. N°49. Miramos con preocupación los cambios que se proponen
en la forma de financiar y generar los pagos al momento de la ejecución por
parte de las empresas constructoras, mayoritariamente de menor tamaño.
Modificar estos esquemas de financiamiento continuo sin alternativas viables,
arriesga la capacidad operativa de las Pymes que ejecutan estos programas y
ralentiza la respuesta a la urgencia habitacional que tiene nuestra región y el
país.
La construcción es el motor
articulador del desarrollo regional. Sin embargo, para que los recursos
públicos cumplan el propósito de impulsar el crecimiento, atraer inversiones y
reactivar la economía, es imprescindible que las licitaciones y contratos
tengan una vocación territorial. Debemos garantizar que los proyectos den
trabajo a las Pymes, movilizando la mano de obra local y fortaleciendo la
cadena de proveedores.
Ahora bien, cuando los
recursos son escasos, tan importante como definir las prioridades es asegurar
que se cumplan efectivamente los objetivos trazados. Por eso, es fundamental
privilegiar aquello que contribuya al crecimiento y asegure una ejecución
oportuna y eficiente de las inversiones. En las actuales condiciones, el país y
la región necesitan que cada peso disponible genere el mayor impacto económico
y social posible.
Desde la CChC Coyhaique
reiteramos nuestra permanente disposición a trabajar como aliados estratégicos
del sector público. Chile y Aysén necesitan que cada peso disponible sea
ejecutado con absoluta oportunidad, transparencia y eficiencia. Hay que
asegurar que el presupuesto del Estado para el 2027 active a las pequeñas
empresas, pues esto es clave para sostener el empleo y construir el futuro que
Aysén necesita.