Por: Comunicaciones CChC | 28/09/2026
En un escenario complejo para la construcción, marcado por la
necesidad de recuperar actividad y empleo, la inversión en obras públicas
cumple un rol clave como motor de la reactivación. Según el diagnóstico que
realizó el mismo Ministerio de Obras Públicas, el sector ha enfrentado una
disminución del número de empresas activas, desistimientos de ofertas y
dificultades financieras, lo que ha reducido la concurrencia en las
licitaciones públicas.
En ese contexto, la Cámara Chilena de la Construcción ha
insistido en que las señales que entregue el Estado en materia de presupuesto y
licitaciones durante los próximos meses serán clave.
Medidas que está impulsando el MOP
De esta forma, la cartera ha impulsado un conjunto de medidas que
apuntarían a facilitar el acceso de las empresas a los contratos y agilizar su
ejecución. La primera se relaciona con el Registro de Contratistas. Desde 2023
(mediante los Decretos Supremos MOP N° 147 de 2023 y N° 113 de 2024), se
permitió, excepcional y transitoriamente, a contratistas de una categoría
participar en licitaciones de la categoría inmediatamente superior, lo que
resultó en una experiencia positiva de acuerdo con el MOP.
Como esa disposición vence el 31 de diciembre, el ministerio
propone una solución permanente, que consiste en aumentar en un 75% los rangos
máximos de las categorías de los registros de Obras Mayores y Obras Menores.
Por ejemplo, el tope de la segunda categoría pasaría de 80.000 a 140.000 UTM y
el de la tercera categoría, de 20.000 a 35.000 UTM, aumentando la capacidad
económica exigida en la misma proporción. El cambio entraría en vigencia el 1
de enero de 2027.
A ello se suma el Mecanismo de Gestión de Discrepancias, que
busca resolver de manera temprana las diferencias surgidas durante la ejecución
de los contratos. Actualmente, estas solo pueden abordarse por la vía
administrativa ante el propio MOP o por la vía judicial, donde los juicios
pueden superar los ocho años.
Paralelamente, el MOP busca implementar medidas para agilizar las
licitaciones de obras de rápida ejecución destinadas a reactivar el empleo,
financiadas con el presupuesto 2027. Entre ellas se cuentan la reducción de
plazos de licitación, la apertura única de ofertas técnicas y económicas, la
simplificación documental y la revisión prioritaria de garantías, con el
objetivo de que estas obras comiencen en enero de 2027.
La postura de la CChC
Desde la CChC valoraron estas iniciativas, varias de las cuales
responden a planteamientos que el gremio ha sostenido en el tiempo. En el caso
del Registro de Contratistas, la CChC ha insistido en la necesidad de dar una
solución definitiva al tema de los rangos.
Asimismo, ha promovido por varios años la creación de una
instancia temprana de resolución de controversias, como herramienta para dar
mayor certeza a la ejecución de las obras.
En ese sentido, el vicepresidente CChC Cristóbal Paúl aseguró que
"valoramos el trabajo que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas con
foco en agilizar los procesos y entregar mayor certeza en la ejecución de los
contratos. Son medidas que como Cámara hemos venido apoyando y que, a nuestro
juicio, van en la dirección correcta".
Agregó que estos avances deben ir acompañados de una recuperación
de la actividad. "Para que el sistema funcione, es fundamental que estas
medidas vayan de la mano de un mayor presupuesto para obras públicas el próximo
año, con foco en generar actividad económica y recuperar el empleo. Esperamos
que esa mayor inversión se materialice en licitaciones para empresas de
distintos tamaños, que recojan las realidades regionales, porque son esas obras
las que generan mayor impacto en el empleo", sostuvo.